La Comunidad de Madrid ha adoptado una decisión para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, restringiendo temporalmente el acceso de patinetes eléctricos a partir del 4 de noviembre.
La Comunidad de Madrid ha decidido tomar medidas para resguardar la integridad de los pasajeros del transporte público.
En una reunión celebrada el día de hoy, el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes ha acordado restringir temporalmente el acceso de los usuarios de patinetes eléctricos a la red de transporte público de la región.
Esta medida se ha tomado con motivo del incidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la estación de La Elipa, donde la batería de un patinete eléctrico explotó en el interior de un tren de la Línea 2 de Metro de Madrid.
Afortunadamente, no hubo daños personales.
Esta restricción entrará en vigor el próximo 4 de noviembre y se aplicará tanto en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) como en los servicios interurbanos y urbanos de otros municipios.
También afectará a las instalaciones y vehículos de Metro de Madrid y los cinco intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América.
El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad de los viajeros hasta que se puedan verificar por completo las condiciones de seguridad de los patinetes eléctricos en el transporte público.
Para asegurar el cumplimiento de esta resolución, el CRTM solicitará a los operadores implicados que difundan este cambio en sus canales de información, tanto digitales como impresos, como redes sociales, páginas web, cartelería, paneles e incluso vinilos informativos.
Cabe destacar que aquellos usuarios que incumplan esta restricción serán expulsados inmediatamente de los medios de transporte público.
La medida ha sido consensuada por el Consejo de Administración del CRTM, que está compuesto por representantes de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, los otros consistorios de la región, la Administración General del Estado, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales del sector, así como las asociaciones de consumidores y usuarios.
De esta forma, se busca garantizar la máxima seguridad y bienestar de los viajeros del transporte público en la Comunidad de Madrid.