La Comunidad de Madrid inspeccionará 800 vehículos de transporte escolar durante el curso 2023/2024 y autorizará a más de 3.000 autobuses para cubrir las rutas a centros educativos.
La Comunidad de Madrid tiene previsto realizar inspecciones a 800 vehículos de transporte escolar a lo largo del presente curso 2023/2024, según ha anunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
Además, se autorizará a más de 3.000 autobuses para cubrir las rutas a los centros educativos en el regreso a las aulas.
El consejero ha explicado que estas medidas forman parte de un plan específico para garantizar el cumplimiento de la normativa que establece las condiciones de seguridad en el transporte de menores de edad.
La supervisión se llevará a cabo mediante furgonetas adaptadas como oficinas móviles, que cuentan con los equipos informáticos necesarios para verificar las autorizaciones de los autobuses.
Estas inspecciones se añaden a las habituales que se realizan en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros.
Durante el curso 2022/2023, se ofreció el servicio de ruta escolar en 200 colegios madrileños, beneficiando a unos 27.000 alumnos en más de 600 rutas.
Las empresas deben renovar las autorizaciones anualmente y para obtener la certificación deben asegurar que los conductores cuenten con los documentos requeridos, como el permiso de la clase D y la tarjeta CAP que acredita su aptitud profesional.
Además, será obligatoria la presencia de un acompañante en los casos de traslado de alumnos de centros de educación especial o cuando más del 50% de los viajeros sean menores de 12 años o más del 75% sean menores de 16.
Los autobuses deben tener el permiso de circulación para servicio público, no tener más de 10 años de antigüedad (16 en ciertas circunstancias), estar habilitados en la ficha técnica para este tipo de transporte, haber aprobado la inspección técnica favorablemente y contar con un seguro de responsabilidad civil de al menos 50 millones de euros.
En el caso de los autocares adaptados, también deben contar con rampas elevadoras, anclajes para sillas de ruedas y sistemas de sujeción homologados.