La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para abordar en su seno el alcance y los efectos de los acuerdos adoptados con algunos partidos políticos para su investidura.

El Consejo de Gobierno ha abordado hoy la petición de la responsable regional “ante la preocupación e inquietud de la sociedad española y, particularmente de la sociedad madrileña, y a la vista de los acuerdos que se han adoptado con el objetivo” de ser investido como presidente del Gobierno, para “clarificar de forma inequívoca los efectos que tales compromisos políticos van a conllevar de manera evidente sobre los principios básicos que configuran nuestro actual Estado de Derecho”.

El acuerdo señala que “aspectos como la igualdad entre todos los españoles ante la ley, el principio de legalidad, separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares que cimentan la convivencia en nuestro país, pueden verse seriamente comprometidos con trascendentales perjuicios para el conjunto de la Nación.”

La “firme convicción de que pueden verse alteradas esas normas básicas de convivencia” es lo que ha motivado a Díaz Ayuso solicitar esta convocatoria a Sánchez conforme al artículo 4.3 in fine de su Reglamento, para que “informe y dé traslado al conjunto de los presidentes autonómicos, y, a través de ellos, a toda la ciudadanía española, sobre el alcance y los efectos que tendrán los contenidos y condiciones asumidos con el único objetivo de alcanzar esa investidura a un coste inasumible para la sociedad española”.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, y defiende el justo y equitativo trato que ha de esperarse por parte un Gobierno de España actuando en todo momento conforme a nuestro ordenamiento, sin violentar la imprescindible separación de poderes que rige nuestro Estado de Derecho”, destaca.

El documento del Consejo de Gobierno sostiene que la sociedad madrileña “requiere en todo momento actuaciones que aseguren la defensa de sus derechos y legítimas aspiraciones”. “Resulta una obligación ética y política reclamar ese justo trato, que no puede verse comprometido por la asunción de compromisos incompatibles con el interés general, y en particular con el de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, añade.

La Conferencia de Presidentes se configura como el órgano de máximo nivel político de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral.

Está formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas y de las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.