Se aprueba una inversión para asegurar la atención a personas en situación de desamparo en Madrid.
En la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno ha tomado una decisión importante al aprobar una inversión de 2,4 millones de euros, aproximadamente 2,1 millones de euros, para garantizar el mantenimiento de las unidades móviles que brindan asistencia a personas en situación de emergencia social o desamparo.
Esta medida se complementa con la introducción de un servicio de atención psicológica que comenzó este verano, reafirmando el compromiso de la comunidad en apoyar a aquellos que más lo necesitan.
Este contrato, gestionado por Cruz Roja Española, se extenderá desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 31 de enero de 2027. Con este acuerdo, se asegura la disponibilidad de vehículos de atención que funcionan las 24 horas del día, con personal cualificado que proporciona apoyo tanto a personas como a familias que enfrentan situaciones críticas.
Además de la ayuda inmediata, el equipo está preparado para orientar y acompañar a los afectados hacia otros recursos públicos que puedan ser útiles en su proceso de recuperación.
Desde inicios de 2023, este programa ha atendido a un total de 3.153 personas, lo que subraya la creciente necesidad de servicios de apoyo en una sociedad que enfrenta cambios y desafíos constantes.
La red de Emergencia Social que gestiona la Comunidad de Madrid también cuenta con 67 plazas de alojamiento con pensión completa en diversas localidades, incluyendo Madrid, Móstoles, Fuenlabrada y Becerril de la Sierra.
Durante los periodos de verano e invierno, este número se incrementa en 20 y 50 plazas, respectivamente, lo que permite una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de alojamiento temporal.
Además de estas plazas, se ofrecen opciones de emergencia en residencias de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Este conjunto de recursos está diseñado para atender a ciudadanos y unidades familiares que, con o sin menores, se encuentran en una situación de desamparo debido a la pérdida de su hogar.
También se contempla la atención a personas mayores de 65 años que puedan estar sufriendo situaciones de abandono o desorientación, muchas veces exacerbadas por limitaciones físicas o económicas.
Históricamente, este tipo de iniciativas ha sido crucial en la lucha contra la exclusión social en España.
Desde la implementación de los primeros programas de integración y asistencia en las décadas de 1980 y 1990, hasta el presente, las comunidades han reforzado sus esfuerzos para ofrecer un sistema de protección social más robusto.
La reciente ampliación de servicios y recursos en Madrid refleja este compromiso continuo, asegurando que los ciudadanos más vulnerables puedan recibir la atención y el apoyo que requieren en momentos críticos de sus vidas.