La Comunidad de Madrid inicia un plan de inversión millonario para mejorar la infraestructura judicial en toda la región, buscando mayor eficiencia y modernización.
Esta iniciativa forma parte de un plan integral aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, cuyo objetivo es modernizar y optimizar el funcionamiento del sistema judicial madrileño.
El acuerdo, que estará vigente desde 2025 hasta 2028, facilitará la ejecución de diversos proyectos de #infraestructura en los 21 partidos judiciales existentes en la comunidad, muchos de los cuales requieren urgentemente una renovación debido a su antigüedad y estado.
La iniciativa responde, supuestamente, a la necesidad de adaptar los edificios judiciales a las nuevas leyes y requerimientos de eficiencia, incluyendo la Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en el ámbito estatal hace algunos años.
Supuestamente, el nuevo marco contractual permitirá reducir costes y acelerar los procesos administrativos, ya que establece condiciones comunes para todas las licitaciones y un solo lote para facilitar la coordinación.
La licitación de estos contratos comenzará en los próximos días, y las obras se pretende ejecutar en un plazo máximo de 36 meses tras su adjudicación, sin posibilidad de prórrogas.
La inversión pretende impactar en la mejora de más del 90% de los órganos judiciales en la región, lo que equivale a unos 513 de los 571 órganos existentes, durante la actual legislatura.
Se espera que estas acciones no solo mejoren la estructura física de los edificios, sino que también aumenten la eficiencia energética y la sostenibilidad de las instalaciones.
Madrid ha destinado más de 700 millones de euros (unos 735 millones de dólares) en proyectos similares
Presuntamente, en los últimos años, #Madrid ha destinado más de 700 millones de euros (unos 735 millones de dólares) en proyectos similares, con el fin de modernizar su infraestructura judicial y adaptarla a las necesidades actuales.
La inversión en estos proyectos refleja la importancia que la región otorga al fortalecimiento del Estado de Derecho y la mejora de la administración de justicia.
Además, esta reforma se enmarca en un contexto más amplio de modernización del sistema público en Madrid, donde no solo se invierte en infraestructura, sino también en tecnología y recursos humanos, buscando reducir los tiempos de resolución de los casos y mejorar la atención a los ciudadanos.
