La Comunidad de Madrid ha tomado medidas legales contra el impuesto de Solidaridad del Gobierno central, argumentando que invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera.
La Comunidad de Madrid ha presentado nuevas acciones judiciales contra el impuesto de Solidaridad impuesto por el Gobierno central. Según el Consejo de Gobierno, el impuesto invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera. Por esta razón, se ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.
Esta es la segunda vez que el Ejecutivo madrileño se enfrenta a este impuesto estatal. En marzo pasado, ya presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. En consecuencia, consideran necesario impugnar todas las disposiciones normativas que deriven de su entrada en vigor.
El procedimiento para aprobar este impuesto y la naturaleza del mismo vulneran varios principios de la Constitución Española. Además, se considera un ataque a la autonomía regional para la gestión de los tributos cedidos, como es el caso del impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid, que está bonificado al 100% desde 2008.
Además, su tramitación se llevó a cabo a través de una enmienda en un proyecto de Ley no relacionado, sin someterse a consulta pública y sin contar con informe económico o dictamen del Consejo de Estado.
El impuesto tuvo efectos retroactivos para todo 2022, lo que perjudica a los ciudadanos que no contaban con esta carga fiscal.
Por otro lado, se considera que este impuesto atenta contra los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en la Constitución. A pesar de ser una tasa temporal, inicialmente exigible por dos años, se han establecido tipos imponibles estimativos que no tienen en cuenta los recursos del contribuyente.
Finalmente, el Gobierno regional argumenta que no se ha justificado la creación de este impuesto, ya que no existe una necesidad recaudatoria real. Además, el Gobierno de España ha practicado una desmesurada presión fiscal, lo que ha llevado a un récord en la recaudación de impuestos. Este hecho ignoraría la arbitrariedad de los poderes públicos, como recoge la Constitución Española.
La Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de llevar estas acciones judiciales para proteger la autonomía regional en materia fiscal y financiera y garantizar un sistema tributario justo e igualitario.
