El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional debido al contrato aprobado por el Gobierno central para la creación de un servicio estatal de acogimiento de menores tutelados. La decisión se toma después de que no se haya atendido el requerimiento enviado el pasado mes de diciembre por el Ejecutivo regional.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que ha ordenado a sus servicios jurídicos interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional debido a la invasión de competencias que supone el contrato aprobado por el Gobierno central para la creación de un servicio estatal de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de menores tutelados.
La decisión de presentar este recurso llega después de que el Ejecutivo regional no haya obtenido respuesta a su requerimiento enviado el pasado mes de diciembre para la anulación de dicho contrato.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha recordado en su informe que las competencias atribuidas al Gobierno central a través de este programa no son de gestión estatal, sino de las Comunidades Autónomas.
El informe señala que la formalización del contrato constituye una intromisión en las competencias autonómicas y perturba el buen funcionamiento institucional de la Comunidad de Madrid.
Como se menciona en la propia memoria justificativa del contrato del Gobierno central, son las Comunidades Autónomas las que tienen la plena gestión en la protección y tutela de menores.
En el caso de la Comunidad de Madrid, dichas competencias están establecidas en el artículo 26.1.24 de su Estatuto de Autonomía y en el artículo 93 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de dicha comunidad.
Con esta decisión, la Comunidad de Madrid busca salvaguardar su competencia exclusiva en la protección y tutela de personas menores, así como el fomento del acogimiento familiar como parte de sus políticas de promoción integral de la juventud.
El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional busca anular el contrato del Gobierno central y garantizar el respeto a las competencias autonómicas en este ámbito de actuación.