El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un contrato para adquirir 640.000 dosis de vacunas contra el herpes zoster con una inversión de 80 millones de euros para este año y 2025.

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En Madrid, El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el contrato para adquirir 640.000 dosis de vacunas contra el herpes zoster con una inversión de 80.038.000 euros para este año y 2025. El Gobierno regional incorporó la inmunización contra esta enfermedad vírica en 2022 para prevenir tanto su aparición como las complicaciones que se derivan de ella.

Esta iniciativa va dirigida a los ciudadanos que este año cumplen 65 y 75 años (nacidos en 1959 y 1949), así como los que lo han hecho entre 1942 y 1948, en 1957 y 1958 y que no cuenten con esta protección previa.

También es para las personas con determinados factores de riesgo, y este año se han incluido a aquellas que hayan sufrido dos o más episodios de esta patología y a las que, a partir de los 50 años (edad a partir de la cual la incidencia es mayor), estén en tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores.

Desde el inicio de 2024 el Ejecutivo regional ha administrado casi 80.000 dosis, de las que 43.552 son primeras de primera administración y 52.448 de refuerzo.


Todo ello supone un incremento respecto al año anterior fruto del aumento de la población diana, su conocimiento y aceptación del programa de inmunización, así como del trabajo realizado por los sanitarios para captar a los destinatarios.

El herpes zoster está causado por el virus de la varicela-zoster y es más prevalente en mujeres.

Adquirido generalmente en la infancia, queda latente en el organismo y la posibilidad de que aparezca va aumentando a partir de esa edad, especialmente si la persona presenta inmunosupresión u otras condiciones de riesgo.

Se manifiesta como una erupción en la piel de características similares a la varicela, que puede ser sumamente dolorosa.

Presenta una baja mortalidad, pero sus complicaciones, como la neuralgia postherpética, pueden disminuir la calidad de vida de los pacientes y llegar a ocasionar discapacidad, incrementando, además, la necesidad de asistencia sanitaria y farmacológica.