En la Comunidad de Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que el principio de igualdad ante la ley es fundamental para el funcionamiento eficaz de una democracia.

Esta declaración se dio en el contexto de la firma de un histórico acuerdo con los colegios de abogados y procuradores, con el propósito de fortalecer la asistencia jurídica gratuita destinada a los ciudadanos más desfavorecidos.

Este pacto implica un incremento significativo de la inversión, que alcanzará los 66,6 millones de euros (aproximadamente 71,6 millones de dólares) para el año 2027, lo que representa un aumento cercano al 30% durante la legislatura.

Este acuerdo es el primero de su tipo en España, consolidando una colaboración a largo plazo entre el gobierno autonómico y los colegios profesionales que se encargan de la defensa legal.

El acto de firma tuvo lugar en la Real Casa de Postas de Madrid, donde la presidenta Ayuso selló el acuerdo con los decanos de los colegios de abogacía de Madrid, Alcalá de Henares y procuradores de la región.

En este documento se establecen varias iniciativas, como un incremento lineal en los honorarios de los servicios jurídicos, que será del 4% este año y del 3% en los años 2025 a 2027, además de la creación de once nuevos baremos para actuaciones profesionales.

También se contempla el aumento de las compensaciones económicas por guardias especiales, y se promoverán iniciativas de digitalización para facilitar la comunicación entre ciudadanos y el sistema judicial.

En 2023, un total de 85.884 ciudadanos se beneficiaron de la asistencia jurídica gratuita, lo que indica un aumento del 4,4% con respecto al año anterior.

Las áreas que más solicitudes recibieron fueron el ámbito penal (60%), civil (24%), contencioso-administrativo (8%) y social (7%).

La presidenta Ayuso destacó que Madrid es pionera en la implementación del servicio público gratuito de facilitadores judiciales, que garantiza el acceso de personas con discapacidad a los procesos legales en igualdad de condiciones.

Además, la región es única en ofrecer el Servicio de Representación Procesal, que asegura la asistencia gratuita de un procurador a las víctimas de violencia de género y delitos de odio.

También se ha anunciado una inversión de 830 millones de euros en el desarrollo de estas iniciativas, con la Ciudad de la Justicia a la vanguardia, donde se destinarán 653 millones a crear un complejo que será el más grande, accesible y sostenible del mundo.

La presidenta recordó que desde 2019 se han abierto nuevos palacios de justicia en localidades como San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero y Valdemoro, y que próximamente se inaugurará la sede de Getafe y, para marzo de 2025, la de Torrejón de Ardoz.

La ampliación y renovación de infraestructuras judiciales también se ha enmarcado en esta estrategia, incluyendo la construcción de nuevos juzgados en localidades como Collado Villalba y Móstoles.

Además, el Gobierno regional ha planeado destinar 10 millones para la rehabilitación de las instalaciones en varias localidades de la región, así como aumentar los recursos humanos con la incorporación de 1.350 funcionarios interinos, debido a las restricciones en convocatoria de plazas por parte del Ministerio de Justicia.