Tres estadounidenses, dos españoles y un checo fueron detenidos en Venezuela tras acusaciones de planear un atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
En un controvertido anuncio, el ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó sobre la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo.
Las autoridades venezolanas acusaron a estos individuos de intentar perpetrar un ataque contra el presidente Nicolás Maduro.
Este suceso ha generado una oleada de reacciones a nivel internacional, dado el historial de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.
Cabello, figura clave en el gobierno venezolano y conocido por sus declaraciones contundentes, presentó evidencias de fusiles presuntamente confiscados a algunos de los detenidos, lo que, según él, sustenta la acusación de un complot.
Las autoridades venezolanas afirman que la operación tendría vínculos con la CIA y que los detenidos formarían parte de un plan para derrocar al gobierno de Maduro, así como para eliminar a otros líderes del país.
Entre los arrestados se identificó a un miembro de la Marina de Estados Unidos, específicamente un Navy SEAL que había participado en misiones en Afganistán, Irak y Colombia.
Esta noticia ha levantado sospechas sobre la posible implicación directa de la administración estadounidense en asuntos internos de Venezuela, algo que el Departamento de Estado de EE. UU. ha negado rotundamente.
La respuesta del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar, con un portavoz indicando que las afirmaciones sobre su participación en un complot contra Maduro son "categoricamente falsas". Además, puntualizó que el país sigue abogando por una solución democrática a la crisis política que afecta a la nación sudamericana.
Este arresto se produce en un contexto donde las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos son más tensas que nunca.
Solo dos días antes de las detenciones, el Departamento del Tesoro estadounidense había impuesto sanciones a 16 aliados de Maduro, acusándolos de obstruir el proceso electoral y de violaciones de derechos humanos en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
Históricamente, Venezuela ha enfrentado numerosos intentos percibidos de intervención extranjera, con diferentes gobiernos acusando a Estados Unidos de buscar derrocar a Maduro.
La situación se agrava aún más por la crisis económica y social que atraviesa el país, lo que ha llevado a una emigración masiva y a protestas internas constantes.
Desde la llegada de Maduro al poder en 2013, el país ha experimentado niveles extremos de inflación, escasez de bienes básicos y un colapso total de los servicios públicos.
La respuesta del gobierno a estas crisis ha sido frecuentemente marcada por una represión severa contra la oposición, lo que ha provocado llamados internacionales a la independencia del sistema judicial y la protección de los derechos humanos.
Mientras se desarrolla esta situación, se espera que tanto las autoridades venezolanas como el gobierno de Estados Unidos continúen en un enfrentamiento verbal, cada uno defendiendo su postura en un escenario que podría tensarse aún más en los próximos días.