Un repaso por los oscuros contratos de Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, que generaron acusaciones de favoritismo y violación de las reglas éticas del estado.

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En América del Norte, se generó una controversia en torno a Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur.

Haley, que apenas llevaba dos años en la legislatura del estado, solicitó un empleo en Wilbur Smith Associates, una firma de ingeniería y diseño con contratos estatales, a finales de 2006. En ese momento, necesitaba trabajo debido al cierre del negocio de ropa de sus padres, donde tanto ella como su esposo, Michael Haley, habían trabajado.

Haley ganaba un salario de solo 22.000 dólares estadounidenses (18.725 euros) como legisladora estatal a tiempo parcial.

Por su parte, el negocio propio de su esposo, que involucraba el intercambio de bienes y servicios entre empresas, estaba perdiendo dinero.

A pesar de considerar que Haley estaba sobrecapacitada para el puesto contable en Wilbur Smith, los ejecutivos de la empresa decidieron contratarla y ponerla en una posición de retención debido a su amplia red de contactos.

Sin embargo, nunca encontró nuevos negocios, según afirmó un alto ejecutivo.

Durante los dos años siguientes, la firma le pagó 48.000 dólares estadounidenses (40.710 euros) por un trabajo que el ejecutivo describió como "una posición pasiva".

Este contrato, y otro posterior, mucho más lucrativo, como recaudadora de fondos para un destacado hospital en su condado natal, permitieron a Haley triplicar sus ingresos en tan solo tres años.


Sin embargo, también la colocaron en una zona gris ética que empañó su primer mandato como gobernadora de Carolina del Sur.

Haley no reveló su contrato con Wilbur Smith hasta 2010, manteniéndolo en secreto durante más de tres años.

Además, promovió una prioridad clave del hospital, la construcción de un nuevo centro de cirugía cardíaca, al mismo tiempo que formaba parte de su nómina.

También recaudó dinero para la fundación benéfica del hospital de parte de cabilderos y empresas que podrían haber tenido motivos para ganarse su favor.

Uno de los cabilderos escribió que las donaciones eran una forma de "ganarse" a una prometedora figura política.

La línea borrosa entre los intereses personales y públicos de Haley se convirtió en el centro de una investigación ética en el State House en 2012. El comité, liderado por los republicanos, concluyó que Haley, en ese momento gobernadora, no había violado ninguna regla ética estatal.

Sin embargo, expertos en ética e incluso algunos de sus antiguos seguidores afirman que el resultado fue más una crítica a las reglas laxas y las relaciones estrechas entre los legisladores y los intereses especiales que una absolución de sus acciones.