En París, la líder del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha comenzado a enfrentar un juicio que podría acarrearle hasta 10 años de prisión.

Este caso involucra a Le Pen y a decenas de miembros de su partido, quienes son acusados de haber implementado un esquema de "falsos trabajos" con fondos de la Unión Europea (UE), los cuales se habrían utilizado para beneficiar a su agrupación política.

Entre los coacusados se encuentran 24 miembros del partido y varios exdiputados del Parlamento Europeo, entre ellos Louis Aliot, vicepresidente del partido, y Julien Odoul, portavoz de Agrupación Nacional.

En total, nueve exmiembros de la Eurocámara están involucrados en el caso.

El juicio, que se espera dure dos meses, ha sido calificado por Le Pen como una maniobra política, argumentando que no se han infringido las normas regidoras del Parlamento Europeo.

"No hemos violado ninguna regla política ni regulatoria", afirmó Le Pen a su llegada a la corte.

Este escándalo, que se remonta a la época en que el partido era conocido como Frente Nacional, implica que los fondos destinados a labores parlamentarias fueron desviados para pagar salarios de personal que, en realidad, estaba realizando labores para el partido.

Le Pen, junto a sus colegas, se declara inocente ante los cargos presentados.

Además de la posible pena de prisión, que podría alcanzar los 10 años, la política también enfrenta una multa de hasta 1 millón de euros y la posibilidad de un veto de 5 años para desempeñar cargos públicos.

Este último punto podría poner en jaque sus aspiraciones a la presidencia francesa en su cuarto intento en 2027.

Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y cofundador del FN, no se presenta en el juicio debido a problemas de salud.

Este proceso judicial surge en un momento de gran éxito para el partido, que registró una notable victoria en las elecciones anticipadas del pasado julio, donde ganó 126 escaños y se posicionó como el rey mago de la frágil nueva mayoría del primer ministro Michel Barnier.

Los eurodiputados reciben asignaciones para cubrir gastos parlamentarios, entre los que se incluyen los salarios de su personal asistente, así que la naturaleza del caso ha captado la atención no sólo de los medios francés, sino también de observadores internacionales.

Sin embargo, este varapalo legal podría afectar la imagen del partido, que en los últimos años había ido consolidando su posición en el espectro político francés, explorando estrategias para ampliar su base de apoyo más allá de su tradicional electorado de derecha.

Con miras a futuras elecciones y a una agenda política cargada de promesas populistas, los próximos pasos de Le Pen serán observados con atención, ya que el resultado de este juicio podría reconfigurar su futuro político y el del partido que dirige.