En París, los fiscales han solicitado una pena de prisión de dos años para la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, en el marco de un juicio relacionado con la presunta malversación de fondos destinados al Parlamento Europeo.

Además, han pedido un período adicional de inhabilitación de cinco años que afectaría su capacidad para postularse en las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen y su partido, Reagrupación Nacional, junto a 25 de sus funcionarios, están bajo la mira de la justicia por la acusación de haber empleado fondos europeos, destinados a actividades parlamentarias, para pagar a personal que en realidad trabajaba para la formación política, que anteriormente era conocida como Frente Nacional.

Durante el juicio, que se extenderá por nueve semanas y concluirá el 27 de noviembre, los fiscales han solicitado que Le Pen sea declarada culpable y se le imponga una multa de 300,000 euros junto con una condena adicional de tres años de prisión suspendida.

Han añadido que el periodo de inhabilitación debe entrar en vigor de manera inmediata, sin importar si Le Pen apela la decisión o no.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la presión judicial que enfrenta, Marine Le Pen mantuvo la calma en la sala del tribunal, mostrando escasa emoción ante los requerimientos de los fiscales.

En declaraciones a la prensa, se mostró desafiante y manifestó su indignación al considerar que las demandas de los fiscales eran “extremadamente escandalosas”.

Le Pen insinuó que las acciones del Ministerio Público están motivadas por un interés en obstaculizar su posible candidatura para la presidencia en 2027. Afirmó: "Entendí bien que su única intención es impedir que me postule".

Desde su fundación en 1972, el Frente Nacional, y posteriormente la Reagrupación Nacional, ha sido una fuerza polarizadora en la política francesa.

Le Pen ha sido una figura clave en la reconfiguración de la derecha francesa y su partido ha logrado captar un importante porcentaje del electorado, especialmente en las últimas elecciones.

La decisión del tribunal, que se espera para una fecha posterior al cierre del juicio, será crucial no solo para el futuro inmediato de Le Pen, sino también para la continuidad y la evolución de su partido en el panorama político de Francia.

Este caso ha resurgido intereses más amplios sobre la política en Europa y el uso de fondos públicos, con el Parlamento Europeo enfrentando críticas por la gestión de las subvenciones a partidos políticos.

La incertidumbre en torno a la implicación legal de Le Pen puede tener repercusiones significativas para la extrema derecha en Francia y su participación en futuros procesos electorales.