El Kremlin ha estado intentando acabar con Alexei Navalny durante varios años, pero probablemente nunca haya habido un mejor momento para hacerlo que ahora.

Vladimir Putin ha sentado las bases en la sociedad doméstica.

Durante más de una década, ha apretado el cerco alrededor de su carismático oponente más joven, con la operación en su contra reflejando una represión más amplia en la sociedad rusa.

Alexei Navalny, fotografiado con su esposa Yulia, en el hospital Charité de Berlín en 2020 recuperándose de un envenenamiento.

Al principio, había suficiente vida en la oposición rusa para evitar la eliminación de Navalny.

En el verano de 2013, un tribunal ruso en una ciudad provincial lo encarceló en su primer caso penal, pero se vio obligado a liberarlo 24 horas después después de que miles de personas bloquearan las calles en el centro de Moscú. Incluso cuando el Kremlin estaba fortalecido por su popular anexión de Crimea en 2014, Putin no encarceló al molesto líder de protestas, estaba claro en ese momento que el Kremlin sufriría más daño con la medida de lo que valía.

Para el año 2020, esa racionalidad había cambiado.

La represión interna había crecido constantemente.

A medida que el público se alejaba cada vez más de la protesta directa, y de las largas condenas de prisión que resultaban de ella, los agentes del FSB envenenaron a Navalny.

Fracasaron en matarlo, y esperanzados en que todavía hubiera un latido de vida en el movimiento antiputiniano, él tomó la decisión de regresar a Moscú. Entonces, se aplicó la total presión del vicio del Kremlin.

Fue arrojado a la cárcel, con sentencias espurias acumulándose una tras otra.

Donde una vez había comandado a miles en las calles, solo los temerarios alzaban sus voces ante las draconianas nuevas leyes.

La mayoría de los aliados de Navalny huyeron al exilio o fueron encarcelados.