Los negocios occidentales en Hong Kong enfrentan una creciente incertidumbre después de que los legisladores aprobaran nuevas leyes draconianas de seguridad nacional que alinearán aún más el estado con Beijing.
En Hong Kong, las empresas occidentales se enfrentan a un panorama cada vez más incierto después de que los legisladores aprobaran nuevas leyes draconianas de seguridad nacional que alinearán la ciudad-estado aún más con Beijing.
La Asamblea Legislativa de Hong Kong aprobó una importante legislación conocida como el Artículo 23 el martes, marcando la última etapa de una amplia represión política desencadenada por las protestas pro democracia en 2019. Los agentes de policía custodian afuera del Consejo Legislativo en Hong Kong esta semana.
Las leyes, que entrarán en vigor el sábado, introducen una serie de nuevos delitos que incluyen traición, sabotaje, sedición, robo de secretos de Estado, interferencia externa y espionaje.
La pena por los delitos va desde varios años hasta cadena perpetua.
Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong, calificó la represión como "otro gran clavo en el ataúd de los derechos humanos y el Estado de derecho en Hong Kong".
Las medidas, que fortalecen aún más las leyes de seguridad nacional impuestas a Hong Kong por Beijing en 2020, han generado preocupaciones sobre el futuro de la antigua colonia británica como centro de negocios de Asia.
Los analistas señalaron la amplia y vaga redacción de las nuevas leyes, que amplían la definición de secretos de Estado para cubrir información que va desde "actividades diplomáticas y de asuntos exteriores" hasta el "desarrollo económico o social" tanto de Hong Kong como de China.
El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó unánimemente las nuevas leyes de seguridad nacional.
Esto generará temores de que los profesionales financieros que recopilan información corporativa para trabajos como auditorías y análisis puedan ser acusados de espionaje y ser detenidos o incluso encarcelados.
Ho-fung Hung, profesor de sociología en la Universidad Johns Hopkins, dijo: "Con estas cláusulas draconianas y no claramente definidas, incluso las personas de negocios apolíticas pueden meterse en problemas y enfrentar el riesgo de que sus oficinas sean allanadas y ellos sean detenidos, arrestados o colocados bajo prohibición de salida, como sucede en muchos casos en China continental".