Donald Trump enfrenta un nuevo cargo federal relacionado con sus intentos de revertir la derrota electoral de 2020, después de un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la inmunidad de ex presidentes.
Esta acción judicial se produce tras una reciente decisión de la #Corte Suprema de Estados Unidos
Esta acción judicial se produce tras una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que los ex presidentes gozan de una amplia inmunidad frente a la persecución penal.
El equipo del Fiscal Especial Jack Smith ha presentado este nuevo cargo en el caso radicado en Washington.
Esta acusación revisada presenta los mismos cuatro cargos que se formularon contra el ex presidente republicano el año pasado, centrándose en su rol como candidato político en busca de reelección, en lugar de su posición como presidente en el momento de los hechos.
Los abogados de Trump no se han pronunciado inmediatamente ante la solicitud de comentarios sobre este nuevo cargo.
Una de las diferencias clave en esta acusación es que ya no se incluyen las alegaciones de que Trump intentó presionar al Departamento de Justicia de #Estados Unidos para revertir su derrota electoral.
Este cambio parece ser un esfuerzo por mantener la continuidad del proceso judicial después de que el alto tribunal definiera que Trump no podía ser juzgado por esa conducta.
Este nuevo cargo, al igual que el primero, acusa a Trump de conspirar en múltiples actos para impedir la certificación de su derrota electoral frente al actual presidente Demócrata, Joe Biden.
Asimismo, Trump está nuevamente en la contienda electoral como candidato republicano, esta vez compitiendo contra la vicepresidenta Demócrata Kamala Harris, con las elecciones programadas para el 5 de noviembre de este año.
La nueva acusación fue presentada ante un gran jurado distinto, que no había escuchado pruebas del caso original, según indicó un portavoz del Departamento de Justicia.
En esta versión del cargo, se hace hincapié en testimonios clave y evidencias proporcionadas por testigos, en gran medida ajenos al gobierno federal.
Entre ellos se encuentra Rusty Bowers, ex presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, quien según la acusación fue presionado por Trump y un co-conspirador para convocar una sesión extraordinaria con el fin de llevar a cabo una audiencia basada en afirmaciones infundadas de fraude electoral.
