Un juez de Londres ha ordenado al ex presidente estadounidense Donald Trump que pague una factura legal de seis cifras a una empresa fundada por un ex espía británico a quien demandó sin éxito por difamación.
En una decisión judicial en Londres, se ha ordenado a Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, que pague una factura legal de 300.000 libras esterlinas (aproximadamente 348.205 euros) a Orbis Business Intelligence, la empresa fundada por el ex espía británico Christopher Steele.
El expresidente demandó a Orbis alegando que habían hecho afirmaciones falsas que dañaron su reputación.
Sin embargo, un juez en Londres desestimó el caso el mes pasado, asegurando que estaba destinado al fracaso.
Trump ahora deberá hacer frente a los costos legales resultantes de este caso.
En su país natal, Trump enfrenta una serie de problemas legales, incluyendo cuatro casos criminales en su contra y una queja civil.
También perdió un caso de difamación en el que un jurado lo encontró responsable de abusos sexuales, y se le ha ordenado pagar una suma de 355 millones de dólares (aproximadamente 324 millones de euros) después de un veredicto por fraude en contra de sus negocios.
En Inglaterra, Trump demandó a Orbis, la compañía fundada por Christopher Steele, quien alguna vez estuvo a cargo del escritorio de Rusia para el Servicio Secreto de Inteligencia de Gran Bretaña, también conocido como MI6. Steele fue contratado por los demócratas para realizar investigaciones que incluían alegaciones escandalosas que los rusos podrían potencialmente utilizar para chantajear a Trump.
El denominado dossier de Steele, compilado en 2016, creó una tormenta política justo antes de la investidura de Trump con rumores y alegaciones sin confirmar que desde entonces han sido ampliamente desacreditados.
Trump demandó a la empresa, alegando que el dossier era falso y que Orbis había violado las leyes británicas de protección de datos.
El abogado Hugh Tomlinson declaró durante una audiencia en octubre que Trump había sufrido daños personales y de reputación a causa de las afirmaciones en el dossier de que había participado en "fiestas sexuales" en San Petersburgo y había estado en contacto con trabajadoras sexuales en Moscú.