En un juicio civil por fraude, un juez de Nueva York impuso una multa de más de 300 millones de euros a Donald Trump por inflar el valor de sus activos con el fin de obtener ganancias financieras.

Esta sanción, que coincide con los 317 millones de euros solicitados por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha enfurecido al ex presidente porque afecta directamente la reputación que ha construido a lo largo de los años, tanto a nivel personal como político, como exitoso hombre de negocios.

Además de las sanciones económicas, el juez Arthur Engoron también impuso una prohibición de tres años que impide a Trump desempeñarse "como oficial o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York", mientras que sus hijos Eric y Donald Jr.

fueron vetados por dos años.

En su decisión, Engoron señaló que esta no era la primera vez que la Organización Trump se veía involucrada en prácticas delictivas corporativas, y criticó a Trump y a sus coacusados por "su completa falta de contrición y remordimiento", lo que consideró "roza lo patológico". "Solo se les acusa de inflar el valor de los activos para ganar más dinero.

Los documentos prueban esto una y otra vez.

Este es un pecado venial, no un pecado mortal.

Los acusados no cometieron asesinato ni incendio provocado", dijo.

"No robaron un banco a punta de pistola.

Donald Trump no es Bernard Madoff.

Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir que se han equivocado.

En lugar de eso, adoptan una postura de 'no ver, no oír, no hablar' que la evidencia desmiente". Tras el veredicto, Trump anunció que apelaría la decisión, calificó el caso como una caza de brujas política y acusó a James y Engoron de ser corruptos.