El presidente Yoon Suk Yeol se enfrenta a una crisis que ha paralizado la política surcoreana, con intentos de detención fallidos por parte de investigadores de corrupción.

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La política surcoreana atraviesa un periodo de profunda crisis que ha dejado petrificado el funcionamiento del gobierno, tras la reciente y tensa confrontación entre el presidente Yoon Suk Yeol y los investigadores de la agencia contra la corrupción del país.

Durante casi seis horas, los agentes intentaron sin éxito ingresar a la residencia oficial del mandatario, quien se negó a ser detenido, un episodio que refleja el creciente descontento y la polarización en la política del país.

La situación se volvió crítica cuando la agencia antidrogas, encargada de investigar a altos funcionarios, se vio bloqueada por el servicio de seguridad presidencial, el cual expresó preocupaciones sobre la seguridad de los investigadores.

En su comunicado, la agencia expresó su "serio pesar por la actitud del sospechoso, quien no respondió a un proceso legal". Esta situación ha sido un claro indicativo del clima de crisis que ha caracterizado el gobierno de Yoon, un exfiscal que ha desafiado los intentos de los investigadores de interrogarlo en varias ocasiones.

Desde el 12 de diciembre, Yoon no había abandonado su residencia oficial, época en la que realizó una declaración pública, en la que manifestó su intención de luchar contra los esfuerzos por destituirlo.

Este desafío parece derivar de su frustración ante un parlamento dominado por la oposición que ha bloqueado sus políticas.

El 3 de diciembre, en un acto sin precedentes, Yoon declaró el estado de excepción y movilizó tropas para rodear la Asamblea Nacional, una medida que fue rápidamente revertida por el parlamento en cuestión de horas.

Apenas once días después, el 14 de diciembre, Yoon fue objeto de un impeachment, acusado de rebelión, lo que ha llevado a las autoridades a iniciar diversas investigaciones paralelas sobre estos eventos.


A pesar de que un tribunal de Seúl emitió una orden de detención en su contra, la ejecución de esta orden se complica debido a que Yoon permanece dentro de su residencia.

Sus abogados han señalado que no se puede implementar la orden, aludiendo a una ley que protege de registros aquellos lugares que están potencialmente relacionados con secretos militares, exigiendo el consentimiento del responsable del lugar.

La orden es válida por una semana, y se ha generado una discusión sobre las competencias del Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO), quienes lideran la investigación conjunta con la policía y las fuerzas armadas.

Los defensores de Yoon argumentan que el CIO no tiene la autoridad para investigar cargos de rebeldía y que las fuerzas policiales asistir a su detención podría resultar en arrestos por parte de la seguridad presidencial o de ciudadanos, aunque no explicaron más sobre esta última afirmación.

Este enfrentamiento entre el poder ejecutivo y las instituciones de justicia ha dejado al país en una situación precaria, donde la confianza del público en sus líderes se encuentra en declive.

La historia reciente de Corea del Sur está marcada por crisis políticas significativas y la destitución de presidentes, como ocurrió con Park Geun-hye, que fue destituida en 2017, mostrando un patrón preocupante de inestabilidad política.

A medida que se desenvuelve este conflicto, el futuro político de Yoon sigue en una cuerda floja, mientras el pueblo surcoreano observa con atención los próximos pasos en este drama político.