China ha pasado gran parte de este año diciéndole al mundo que está abierto a los negocios.

Nada podría haber dañado más esa imagen que la sentencia de muerte suspendida que le dictó esta semana a Yang Hengjun, académico australiano y crítico del gobierno chino.

Yang Hengjun ha estado detenido en China desde enero de 2019. El primer ministro chino Li Qiang dijo a líderes mundiales en Davos en enero que China era 'un país digno de confianza' y que elegir hacer negocios allí 'no es un riesgo, sino una oportunidad'.

Sin embargo, las grandes empresas ya no comparten su optimismo.

El año pasado, por primera vez, las empresas extranjeras no solo dejaron de reinvertir en China, sino que también comenzaron a vender sus inversiones existentes, retirando más de 152 mil millones de dólares de su economía, según el Instituto Peterson de Economía Internacional.

La campaña de Pekín contra los extranjeros que trabajan en China está desempeñando un papel destacado en impulsar su salida.

En abril y mayo, las autoridades chinas allanaron las oficinas de la firma consultora estadounidense Capvision.

Luego, se impusieron prohibiciones de salir a los ejecutivos de la firma de asesoría financiera Kroll y al banco de inversión global Nomura.

En octubre, se arrestó formalmente a un empresario japonés que trabajaba para la empresa farmacéutica Astellas Pharma por cargos de espionaje.

En enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que un ex empleado de Pfizer había sido condenado a cinco años de prisión por 'obtener información para actores extranjeros'. El veredicto de culpabilidad para Ian Stones, ciudadano británico de 70 años, se dictó en septiembre del año pasado, pero Pekín tardó cinco meses en hacerlo público.

Estos ejecutivos pueden haber cometido delitos, pero es imposible saber cuáles son los límites en el enigmático sistema de justicia de China.

Ese temor está asustando a las empresas y haciéndolas dudar en enviar personal a lo que alguna vez fue el principal destino de inversión mundial.