Tres años después de los trágicos eventos del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, la herida de la insurrección aún no ha sanado. A pesar de los esfuerzos por investigar y documentar lo sucedido, los líderes republicanos se han negado a formar un comité bipartidista para dilucidar los hechos y evitar que algo similar vuelva a ocurrir. En este artículo, repasaremos las consecuencias de aquel fatídico día y reflexionaremos sobre el estado actual de la democracia en Estados Unidos.

El Capitolio de Estados Unidos, hogar de la Cámara de Representantes y el Senado, es un lugar sagrado donde se promulgan las leyes que rigen el país.

Sin embargo, hace tres años, el 6 de enero, este sagrado espacio fue profanado por la violencia.

El Capitolio fue atacado por primera vez desde que los británicos lo incendiaron en 1814, convirtiéndose en una desecración de la democracia.

En el interior de la Cámara de Representantes, hombres armados apuntaban a las puertas para detener a los atacantes.

Una mujer fue disparada y asesinada justo afuera mientras intentaba ingresar a la sala.

La oficina de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, fue saqueada.

Incluso se llevaron una horca para colgar al entonces vicepresidente Mike Pence.

La multitud ocupó el Senado, destrozó los escritorios de los senadores y celebró su victoria al expulsar a los políticos del templo de la democracia.

Como alguien que trabajó en ese edificio durante más de 10 años, nunca imaginé que estadounidenses armados atacarían el Congreso con el objetivo de detener las labores de la Cámara y el Senado, que son requeridas por la Constitución para garantizar la transferencia pacífica de poder de un presidente a otro.

El Capitolio fue retomado esa tarde.

La Cámara y el Senado cumplieron con su responsabilidad constitucional.

Sin embargo, tres años después, la insurrección de aquel día aún está en marcha.

Los ataques del 11 de septiembre fueron los más catastróficos en el suelo estadounidense desde Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Se estableció una comisión bipartidista especial para documentar lo sucedido y prevenir futuros ataques.

Su trabajo autorizado demostró que los líderes de diferentes espectros políticos podían unirse para proteger al país.

Pero no fue así el 6 de enero.

Los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado rechazaron todos los esfuerzos por formar un comité bipartidista para investigar y reportar no solo sobre los eventos de ese día, sino también sobre lo ocurrido en las semanas posteriores a las elecciones de 2020 que llevaron al asalto al Capitolio.