En Rumanía, la situación legal del influencer Andrew Tate ha dado un giro dramático tras la decisión de un tribunal en Bucarest que lo ha colocado bajo arresto domiciliario por 30 días.

Esta medida llega en el marco de una profunda investigación que involucra serias acusaciones de tráfico de personas, que incluyen la explotación de menores y relaciones sexuales con una menor.

La corte tomó esta decisión justo un día después de que las autoridades detuvieran a seis personas, incluidos Andrew, de 37 años, y su hermano Tristan, de 36, durante una serie de redadas realizadas por la policía en cuatro propiedades distintas en Bucarest y el condado de Ilfov.

Los fiscales habían solicitado el encarcelamiento de los hermanos por un período de 30 días, pero el tribunal optó por imponer arresto domiciliario a Andrew, mientras que Tristan fue puesto bajo control judicial, lo que implica restricciones de movimiento y la obligación de reportar periódicamente a la policía.

Mateea Petrescu, portavoz de los hermanos Tate, afirmó que el juez desestimó la solicitud de los fiscales debido al comportamiento "ejemplar" de los acusados durante medidas cautelares previas.

Ambos hermanos insisten en su inocencia y están determinados a demostrarla.

Esta no es la primera vez que Andrew y Tristan Tate enfrentan problemas legales en Rumanía.

De hecho, ambos exkickboxers, quienes poseen doble nacionalidad británica y estadounidense, ya estaban a la espera de juicio por un caso separado de tráfico de personas, en el que también están implicadas dos mujeres rumanas.

Este caso anterior provocó la formalización de cargos en su contra el año pasado.

La nueva investigación, llevada a cabo por la agencia rumana contra el crimen organizado (DIICOT), abarca alegaciones que van desde tráfico de personas, incluyendo el de menores, hasta la formación de un grupo criminal organizado y el blanqueo de capitales.

Se alega que estas actividades delictivas ocurrieron entre 2014 y 2024.

Según DIICOT, los acusados utilizaron un método coercitivo conocido como "loverboy" para explotar a 34 víctimas vulnerables, quienes se vieron forzadas a crear contenido pornográfico a cambio de una remuneración.

Se estima que más de 2.5 millones de euros generados por estas actividades al final fueron apropiados por los implicados.

Además, las autoridades han alegado que un hombre extranjero no identificado también abusó sexualmente de una joven de 17 años, manteniendo consigo el millón de euros que obtuvo de esta actividad ilegal.

La misma fuente de investigación sostiene que este individuo habría tenido relaciones sexuales recurrentes con otra menor de 15 años, lo que agrava aún más la situación legal que enfrentan.

Las implicaciones de este caso son vastas y han generado un intenso debate sobre la explotación sexual y el tráfico de personas, temas que han resurgido en la conversación pública a medida que más detalles continúan saliendo a la luz.

La figura de Andrew Tate, que ya es divisiva en el ámbito público, ahora se enfrenta a un escrutinio aún más intenso a medida que avanza la investigación.