El consejero Denis Itxaso anunció una reforma de la Ley Vasca de Vivienda para que el Gobierno gestione las compraventas de vivienda protegida (VPO) y así evitar sobresueldos y prácticas irregulares, con un sistema más transparente y social.
En Euskadi, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció en La Ventana Euskadi, entrevista conducida por Eva Domaika, que su Departamento está diseñando una reforma de la Ley Vasca de Vivienda para convertir al Gobierno en un intermediario activo en las ventas de #vivienda de protección oficial (VPO).
La idea es articular una gran inmobiliaria pública que gestione las segundas y posteriores transmisiones de #VPO y así frenar prácticas fraudulentas que suelen aparecer cuando hay sobreprecios encubiertos ligados a los muebles u otros conceptos ficticios.
Según Itxaso, la reforma busca que esa gestión la haga el propio Gobierno, decidiendo quién compra esas viviendas para evitar tratos privados que distorsionan el mercado.
La intermediación se canalizaría mediante Etxebide, el registro de demandantes de vivienda, y las adjudicaciones se realizarían a través de un procedimiento público y transparente.
El objetivo es reforzar el control público sobre las segundas transmisiones de VPO, especialmente en promociones sujetas a protección permanente o en proyectos anteriores a 2003 que aún operan bajo régimen temporal.
El consejero explicó que la puesta en marcha de la reforma no significa dejar de lado el derecho de tanteo y retracto, sino redefinir el procedimiento ordinario.
La venta por intereses privados se sustituiría por un canal claro del Gobierno que asigna al comprador de acuerdo con criterios sociales y de necesidad.
Cuando un propietario de una VPO quiera vender, deberá acudir a las delegaciones territoriales de Vivienda y comunicar su voluntad de venta; a partir de ahí, el Gobierno dirá quién va a comprar.
En la práctica, se toma como referencia a las personas inscritas en #Etxebide que ya han manifestado interés en comprar, alrededor de 24.000 unidades convivenciales (aproximadamente el 20% del total), y se valorarán factores como la adecuada correspondencia entre la vivienda y la unidad familiar, la antigüedad en el registro o las necesidades específicas de cada familia.
El procedimiento buscará que el vendedor cuente con un comprador en plazo razonable, sin incertidumbre: dentro de tres o cuatro meses, dijo Itxaso, el Gobierno habrá elegido al candidato más adecuado.
Si la venta fuera a un familiar, el responsable recordó que la vivienda, al haber sido promovida con dinero público y sobre suelo público, debe ir a quien más la necesite y se ajuste a las superficies de ese piso, evitando favores o distorsiones que afecten a la equidad social.
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Benta Berri y la protección de VPO ante el paso del tiempo
La entrevista también sirvió para recordar la prolongación de la protección oficial de viviendas construidas con anterioridad a 2003 que estaban próximas a perder su calificación, siempre que se ubiquen en municipios declarados zonas tensionadas.
El anuncio afecta directamente a promociones como las 510 viviendas de Benta Berri, en Donostia, construidas antes de la implantación del régimen de protección permanente aprobado en 2003.
Lo que se busca es que, en zonas tensionadas, esas viviendas mantengan la protección mientras siga vigente la figura de la zona tensionada. El #Gobierno Vasco estima que, a partir de 2027, unas 1.070 viviendas protegidas en Euskadi quedarían pendientes de perder su calificación, de las cuales unas 900 se hallan ya en municipios declarados como zonas tensionadas.
Eso significa que la gran mayoría se salvaría mientras permanezca la figura de la zona tensionada, aunque la medida es temporal y depende de la renovación periódica de dicha declaración.
En el caso de Donostia, por ejemplo, las viviendas seguirían siendo protegidas si el municipio renueva esa condición.
Más cambios para la vivienda social y el alquiler
Con estas palabras, Itxaso defendió que la intervención no rompe con reglas anteriores, sino que busca reforzar la función social de la vivienda y asegurar que el mercado funcione con mayor transparencia.
Además, anunció cambios en el decreto regulador de Etxebide para reforzar el papel de los apartamentos dotacionales orientados a la emancipación juvenil, incorporando un umbral mínimo de ingresos vinculado al salario mínimo interprofesional y nuevas medidas para facilitar el acceso de personas mayores a alojamientos adaptados mediante la cesión temporal de viviendas a programas públicos como Bizigune.
También se anunció la ampliación de apoyos a fórmulas de vivienda compartida juvenil a través de Gaztelagun y se advirtió sobre prácticas irregulares relacionadas con el alquiler de habitaciones y el empadronamiento irregular, fenómenos que, según el consejero, evidencian hasta qué punto la emergencia habitacional está tensando el acceso a la vivienda.
En este marco, el Ejecutivo vasco confía en que estas medidas contributen a una reducción de precios y a una mayor estabilidad de contratos de alquiler, al tiempo que fortalece la función social de la vivienda protegida y reduce la corrupción de mercado.