La nueva etapa de la vivienda en Euskadi: convertir suelo bloqueado en viviendas posibles

El Ayuntamiento de Errenteria aplica la Ley de Medidas Urgentes en vivienda, suelo y urbanismo, consolidando un giro de política que facilita más edificabilidad, vivienda protegida y nuevos instrumentos. El ejemplo de Gamongoa ilustra el cambio.

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En Euskadi se está viviendo un cambio notable en la manera de afrontar la vivienda. Este jueves, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, valoró el anuncio del Ayuntamiento de #Errenteria de aplicar la #Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento Vasco a finales de diciembre.

Es, decía, uno de los pilares de la acción del Gobierno en #vivienda durante esta primera parte de la legislatura. Se trata, en clave práctica, de que las herramientas que impulsa el Ejecutivo vasco ya empiezan a ser asumidas por municipios de distinta ideología, lo que para él es una señal de que la política de vivienda está avanzando por un cauce más amplio y eficaz.

Itxaso insistió en que las zonas tensionadas ya se están aplicando en ayuntamientos de colores políticos diversos y que las nuevas herramientas urbanísticas, junto a fórmulas de financiación público-privada, están siendo abrazadas desde realidades municipales muy distintas.

Según explicó, el objetivo central de la ley era dotar a los consistorios y a los desarrollos urbanísticos de mayor flexibilidad y autonomía. De esta manera, se pueden ajustar parámetros como la edificabilidad o el porcentaje de #vivienda protegida para desbloquear ámbitos que durante años permanecían paralizados.

Un claro ejemplo: Gamongoa, en Errenteria. La nueva norma permitirá convertir una situación de bloqueo en una oportunidad real de desarrollo. El planeamiento vigente contemplaba 690 viviendas que no habían podido ejecutarse. Con las herramientas nuevas, la edificabilidad se incrementa un 10%, con lo que la cifra teórica de viviendas podría ascender a 755. Además, se ajusta el porcentaje de vivienda protegida para situarlo por debajo del 70%, y, crucial, se consigue la viabilidad económica de la operación, condición imprescindible para sacar el proyecto adelante.

“Esto es exactamente lo que queríamos cuando decíamos que el 75% de cero es cero: no sirve fijar porcentajes elevados si el suelo no se desarrolla.

Hoy pasamos de un ámbito completamente paralizado a un proyecto que va a ver la luz”, afirmó Itxaso. También recalcó que este cambio no implica una merma en la vivienda protegida total, sino que facilita su materialización efectiva.

Compromiso y herramientas nuevas

Desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana se trasladó la voluntad de colaborar con Errenteria y otros municipios para desarrollar vivienda protegida de iniciativa pública en este ámbito

Tras el anuncio, desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana se trasladó la voluntad de colaborar con Errenteria y otros municipios para desarrollar vivienda protegida de iniciativa pública en este ámbito.

La actuación se enmarca, además, como una de las primeras en alimentar la reserva estratégica de suelo del Gobierno Vasco, activar el #Fondo Social de Vivienda y aplicar la figura del Proyecto de Actuación Prioritaria, con el objetivo de reducir plazos y agilizar trámites.

Un cambio de paradigma para Euskadi

Itxaso aseguró que estas iniciativas indican una Euskadi que entra en una nueva etapa en materia de vivienda: “Dijimos que el problema tenía solución.

Hoy estamos más cerca de demostrarlo. Lo hacemos con herramientas nuevas, con colaboración institucional y con una visión realista que convierte suelo bloqueado en viviendas posibles.” A preguntas de la prensa, señaló que EH Bildu ha pasado de describir la norma como contrarreforma a encabezar su ejecución, y confía en que más municipios sigan este camino hacia una política de vivienda eficaz, pragmática y orientada a resultados.

En suma, el caso de Errenteria y Gamongoa sirve de ejemplo de una estrategia más amplia que busca acelerar la construcción de vivienda protegida sin sacrificar viabilidad económica, apostando por decisiones urbanísticas más ágiles, una mejor gestión del suelo y una cooperación institucional que, por fin, parece desatascar procesos que llevaban demasiadas décadas estancados.