El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha expresado su preocupación ante la situación del acceso a la vivienda en Euskadi, tras la ruptura de las negociaciones presupuestarias con EH Bildu.

En una entrevista reciente en el programa La Ventana de SER Euskadi, Itxaso ha enfatizado que el problema de la vivienda afecta de manera transversal a diversas clases sociales, no solo a los más desfavorecidos.

Según Itxaso, este desafío condiciona la competitividad de la región y consume una parte considerable de los ingresos familiares.

"Entiendo y comparto la inquietud de los más de 200 colectivos que este sábado se manifestarán en Bilbao por la defensa del derecho a la vivienda.

Es un dilema que no podemos ignorar", afirmó. En este contexto, el consejero señaló que el Gobierno Vasco ha adoptado una "posición de combate" frente a esta problemática y ha implementado un conjunto de políticas públicas con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda.

Entre estas políticas, se encuentran la regulación de los precios del alquiler en zonas de alta demanda, así como la conversión de locales comerciales en viviendas y la movilización de propiedades vacías.

Itxaso también destacó la importancia de Alokabide, la agencia pública de alquiler del Gobierno Vasco, que gestiona el mayor parque público de viviendas en el Estado, con cerca de 17,000 inmuebles.

En relación a las negociaciones con EH Bildu, el consejero expresó su decepción por la falta de acuerdo, subrayando que los 90 millones de euros que se habían propuesto permitirían adquirir unas 500 viviendas para alquiler protegido.

Sin embargo, Itxaso reconoció que a pesar de las discrepancias aparentes, existe un diagnóstico común en torno a la cuestión de la vivienda, y que los ayuntamientos de PNV, PSE y EH Bildu continúan colaborando en diversas políticas relacionadas.

Con respecto a las zonas de alta demanda de vivienda, Itxaso anticipó que para 2025, las tres capitales vascas y otras localidades como Irún, Errenteria y Barakaldo estarán incluidas en esta categoría.

Estas áreas permitirán regular los precios del alquiler y protegerá a los inquilinos, mientras se trabaja en la oferta de vivienda en la región.

"Es fundamental dinamizar el suelo disponible para construir hasta 75,000 viviendas, pero a menudo nos enfrentamos a plazos de urbanismo que retrasan la entrega de llaves, a veces por hasta ocho años", comentó.

Para abordar este problema, el martes se presentará al Consejo de Gobierno la creación del Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, un espacio que será clave para implementar cambios estructurales necesarios.

Además, se ha solicitado a Visesa, la promotora pública de vivienda, que aumente en un 40% su ritmo de construcción anual, elevando la producción de 500 a 700 viviendas protegidas cada año.

Finalmente, Itxaso concluyó reiterando que el Foro estará operativo en enero y convocará mesas de trabajo para tratar cuestiones estratégicas, incluida la revisión de la Ley del Suelo de 2006 y la movilización de terrenos.

"El diagnóstico es claro: necesitamos construir más vivienda y asegurarnos de que todos en Euskadi tengan acceso a una casa digna", sentenció.