Euskadi impulsa dos medidas para blindar la vivienda protegida y evitar abusos

El Gobierno Vasco announces two reformas para mantener la función social de la vivienda protegida y mejorar la transparencia en las ventas; también se mencionan iniciativas públicas para ampliar la oferta de VPO y garantizar el cobro de rentas.

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En Euskadi, el consejero Denis Itxaso comunicó que ese Gobierno quiere ganar el partido de la #vivienda y para lograrlo encara una reforma de la #Ley Vasca de Vivienda 3/2015 con el objetivo de preservar la función social del parque protegido y garantizar un acceso más justo a la vivienda.

En palabras simples, el Ejecutivo quiere que la vivienda protegida siga cumpliendo su labor social y que cualquier persona que necesite una casa pueda acceder a ella con más claridad y menos complicaciones.

Además, la reforma se alinea con las normas estatales sobre el derecho a la vivienda, que dan herramientas a las comunidades para declarar zonas tensionadas y para aplicar medidas que corrijan desequilibrios en el mercado.

El plan contempla dos medidas estructurales que, según el propio Itxaso, son las más novedosas de esta nueva etapa de la política de vivienda. La primera consiste en prorrogar la protección de las #VPO en las zonas tensionadas, para evitar que viviendas que ya estaban protegidas dejen de estarlo cuando pierdan su estatus.

En la práctica, eso significa que algunas promociones que se construyeron antes de 2003 pueden seguir conservando la protección mientras siga vigente la declaración de zona tensionada.

En números, se habla de 1.071 viviendas anteriores a 2003 que dejarían de estar protegidas en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran justamente en municipios declarados tensionados.

Esta decisión busca evitar un desequilibrio en el mercado y proteger a las familias que ya viven en esas viviendas, que verían amenazada su situación si la protección desapareciera.

La segunda medida introduce un cambio profundo en la gestión del parque protegido: nace un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores #transmisiones de viviendas protegidas con protección permanente

La segunda medida introduce un cambio profundo en la gestión del parque protegido: nace un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas con protección permanente.

En la práctica, cuando un propietario quiera vender una VPO, deberá ofrecerla primero al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana. El Departamento, a su vez, designará como compradora a una persona inscrita en Etxebide, teniendo en cuenta criterios objetivos como la antigüedad en el registro y la adecuación de la vivienda al tamaño de la unidad familiar.

Con ello se busca reforzar la #transparencia y evitar prácticas de sobreprecio. Itxaso subrayó que esta medida permite que el Gobierno actúe como una gran inmobiliaria pública de vivienda protegida, superando el modelo actual basado solo en el tanteo y aumentando el control público sobre la función social de estas viviendas.

Según el consejero, este conjunto de reformas persigue tres objetivos claros: evitar fraudes por sobreprecio mediante contratos de venta de muebles o similares; garantizar que más de 1.000 transmisiones anuales de vivienda protegida se hagan con total transparencia; y, sobre todo, reforzar el carácter social de la VPO para que llegue a quien realmente lo necesita.

En sus palabras, la idea es que el Ejecutivo actúe como una gran inmobiliaria pública de vivienda protegida, manteniendo la protección de las viviendas en zonas tensionadas y fortaleciendo la justicia en el acceso a estas viviendas para las familias que más lo necesitan.

Estas medidas se enmarcan, además, en iniciativas ya anunciadas por el Gobierno vasco, como la creación de un #Fondo Social de Vivienda para movilizar hasta 2.000 millones de euros destinados a promover 10.000 viviendas protegidas en las dos próximas legislaturas, o el programa Alokaplus, un seguro público gratuito para incentivar la oferta de alquiler en zonas tensionadas y garantizar el cobro de la renta a los propietarios.

En conjunto, estas acciones apuntan a un objetivo amplio: aumentar la oferta de vivienda protegida y fortalecer la protección de los inquilinos, asegurando más vivienda, más protección y más justicia en el acceso a la vivienda en Euskadi.