El Gobierno Vasco aprueba un decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, elevando umbrales de ingresos, ampliando ayudas al alquiler y fortaleciendo la protección de jóvenes y víctimas de violencia, dentro de un plan integral de vivienda con inversión récord.
En Euskadi, el Gobierno Vasco ha dado luz verde a un decreto de medidas urgentes en materia de #vivienda que pretende reforzar el escudo social frente a la emergencia habitacional.
El objetivo es claro: adaptar y ampliar los programas actuales para facilitar el acceso a una vivienda en #alquiler a quienes más lo necesitan, sin dejar de lado la agilización de trámites y la regeneración urbana.
Este paso forma parte de un Plan Integral de Acceso a la Vivienda que se ha convertido en la guía de acción del Ejecutivo para los próximos años.
Entre las medidas más relevantes, destaca la revisión de Bizigune, el programa destinado a facilitar alquileres a personas con ingresos moderados.
El decreto eleva el umbral de ingresos para optar a una vivienda en #Bizigune a 46.463,29 euros, lo que abre la puerta a más familias y personas que hasta ahora quedaban fuera. Se incrementa asimismo el canon que perciben los propietarios, que podrá alcanzar el 80% del valor de mercado, con un máximo de 700 euros mensuales; y en las zonas declaradas como tensionadas, ese canon puede subir hasta el 95% del precio medio EMAL, siempre dentro de un tope de 700 euros si la situación lo exige.
Además, la renta inicial anual quedará vinculada al 30% de los ingresos anuales ponderados de la unidad arrendataria.
En Gaztelagun, el conjunto de ayudas al alquiler para jóvenes y familias se actualiza de forma sustancial. Las rentas máximas subvencionables suben hasta 900 euros en Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz; 800 euros en las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia y en municipios de más de 10.000 habitantes; y 750 euros en el resto. En zonas tensionadas, estas cantidades pueden elevarse hasta el 95% del precio medio EMAL. Además, los ingresos para acceder a #Gaztelagun se amplían: hasta 30.000 euros para solicitudes individuales, 36.764 para unidades de dos personas y 39.184 para familias numerosas. El programa incorpora por primera vez subarriendo y alquiler de habitaciones como reales opciones subvencionables, y se permiten hasta dos ayudas por vivienda compartida siempre que cada unidad convivencial tenga su propio contrato.
El decreto también introduce cambios para favorecer a los jóvenes y las personas que aún no disponen de vivienda adaptada. Se reserva hasta el 50% de las viviendas no adaptadas para personas menores de 36 años y se establece un nuevo requisito de arraigo: acreditar al menos tres años de empadronamiento en #Euskadi para participar en los procedimientos de adjudicación de alquiler.
En lo que respecta al derecho subjetivo a la vivienda, la norma eleva en 1.000 euros los umbrales de ingresos para su reconocimiento. Así, pueden acogerse quienes no superen 14.000 euros anuales en unidades de un miembro, 18.000 euros en unidades de dos miembros y 20.000 euros en unidades de tres o más miembros.
La reforma no se queda en las ayudas directas al alquiler. El decreto facilita la redensificación y regeneración urbana para ampliar la oferta sin agotar suelo. En concreto, regula la reconversión total o parcial de edificios de uso industrial o terciario y de hasta 7.500 locales comerciales en planta baja en edificios residenciales, equiparándolos a viviendas colaborativas a efectos de habitabilidad. También flexibiliza determinadas exigencias técnicas para hacer viable la generación de nueva vivienda asequible en zonas urbanas consolidadas, eximiendo en algunos casos de la aplicación de ciertos requisitos del decreto de habitabilidad y reduciendo trámites previos al planeamiento.
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La Comunidad de Madrid ha ampliado el programa Mi Primera Vivienda incorporando cuatro nuevas entidades financieras a las tres ya existentes, lo que facilitará a los jóvenes menores de 35 años acceder a la compra de un piso con una hipoteca de hasta el 95% del valor. Descubre más detallesEn el ámbito de protección social
En el ámbito de protección social, la norma actualiza y refuerza las medidas de actuación positiva para víctimas de violencia machista. Se amplían y consolidan mecanismos de protección, con cupos preferentes y adjudicación directa de una vivienda de protección pública o asimilada, coordinando estas medidas con ayuntamientos, diputaciones y servicios sociales.
La aprobación de este decreto se enmarca dentro del Plan Integral de Acceso a la Vivienda. En el terreno de reformas, se busca dar continuidad al marco legal que agiliza procedimientos, amplía la oferta, desbloquea suelo y protege a la demanda.
En recursos, el Gobierno Vasco acompaña la normativa con nuevas autorizaciones de gasto: 39,85 millones de euros para rehabilitación de viviendas, 9,2 millones para rehabilitación energética, 35,704 millones para fomento del alquiler, 7,15 millones para subsidios de puntos de interés del convenio financiero y 21,8 millones para Gaztelagun.
Esta apuesta macroeconómica de Euskadi va más allá de un decreto aislado. El presupuesto consolidado para 2026 de la Consejería y sus sociedades públicas alcanza los 596 millones de euros, con la promesa de iniciar 1.713 viviendas de protección pública destinadas al alquiler social y asequible, rehabilitar 31.650 viviendas, atender con la Prestación Económica de Vivienda a 30.000 familias y beneficiar a 9.500 jóvenes a través de Gaztelagun. En el plano de acuerdos, se busca una mayor colaboración con los ayuntamientos para extender la declaración de zonas tensionadas, acelerar la cesión de suelos, facilitar la exención de ICIO y promover una tramitación urbanística más rápida.
Este es, señalan desde el Ejecutivo, el modelo vasco: intervención pública inteligente, planificación, recursos constantes y cooperación institucional para hacer frente a una emergencia habitacional que ya no afecta solo a colectivos vulnerables, sino a amplias capas de las clases medias y trabajadoras.
Por último, tras la incorporación de datos de Bizkaia y Álava al SERPAVI, Euskadi puede fijar límites de precio en todas las zonas tensionadas. En 14 municipios se aplica ya este marco de referencia, con Bilbao, Barakaldo y Galdakao en Bizkaia y Vitoria-Gasteiz en Álava entre los llamados. Se trata de un sistema de precios de referencia visible para cada vivienda a partir de la información catastral o de la dirección, junto con datos como certificado energético, planta y estado de conservación.
En la práctica, los rangos muestran diferencias marcadas entre ciudades: por ejemplo, Bilbao ronda rangos de 700 a 950 euros mensuales, Donostia-San Sebastián se sitúa entre 822 y 1.200 euros, y Vitoria-Gasteiz se mueve entre 624 y 813 euros.
En definitiva, la estrategia vasca busca combinar intervención pública, planificación seria y un músculo presupuestario sostenido para ampliar el parque de vivienda asequible, reducir la brecha de acceso y proteger a quienes más lo necesitan, sin perder de vista las posibilidades de regeneración urbana y la cohesión social a largo plazo.