El Gobierno Vasco aclara que, de momento, no ha recibido consulta formal para asumir la promoción de dos parcelas municipales en El Infierno, San Sebastián, pero mantiene la disposición para avanzar con una estrategia de vivienda pública que podría generar alrededor de 270 viviendas en alquiler protegido.
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha querido aclarar una situación que ha generado bastantes dudas en San Sebastián: las dos parcelas municipales ubicadas en El Infierno, destinadas a vivienda protegida, están en el centro de las conversaciones, pero aún no hay una consulta formal del Ayuntamiento para que la Administración autonómica o la promotora pública VISESA asuman la promoción.
Aun así, desde el propio departamento insisten en su plena disponibilidad para sacar adelante la actuación, tal como ya adelantó el consejero Denis Itxaso a los medios.
Esto significa que, si todo cuadra, podría haber una inversión para levantar unas 270 viviendas protegidas y en alquiler, de titularidad pública y gestionadas en alquiler, en una ciudad que es una de las que presenta mayor tensión de #vivienda protegida en Euskadi.
La noticia llega en un marco más amplio: el Gobierno Vasco tiene entre manos la próxima aprobación del contrato programa para 2027, que se discutirá el 13 de mayo en el Consejo de Administración de VISESA.
Este contrato programa es, en esencia, el compromiso anual de los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar la #vivienda pública en las parcelas que la comunidad autónoma tiene a su disposición.
Vivienda ha dejado claro que está dispuesta a incorporar estas promociones al plan y que la previsión es cerrar un contrato que supere ligeramente las 800 viviendas, repartidas en seis municipios de Euskadi.
La Administración vasca también señala que la actuación podría ejecutarse con plazos similares a otra promoción ya anunciada para la ciudad: las 98 viviendas públicas en alquiler de Ciudad Jardín, en el barrio de Loiola.
Allí se firmó un acuerdo institucional con el exalcalde Eneko Goia a finales de julio del año pasado y las obras deberían comenzar en junio. Este ejemplo sirve para entender el ritmo que se maneja habitualmente en estas operaciones: cesión de parcelas municipales a la administración autonómica, o su venta a empresas privadas para su desarrollo, como vías posibles para promover la vivienda protegida.
La idea general es mantener la titularidad pública de la vivienda como activo de país y evitar que el ayuntamiento asuma costes directos, apoyando así un modelo de #alquiler protegido en lugar de venta.
El Gobierno Vasco recuerda que la decisión sobre qué modelo de vivienda protegida se quiere fomentar no está condicionada por las competencias urbanísticas del Ayuntamiento
En este sentido, el Gobierno Vasco recuerda que la decisión sobre qué modelo de vivienda protegida se quiere fomentar no está condicionada por las competencias urbanísticas del Ayuntamiento.
Las parcelas de El Infierno, por su parte, están tramitadas desde el punto de vista urbanístico y se sitúan en suelo finalista; la elección de si se cederán a la administración autonómica o se optará por otro formato no depende de la simple tramitación urbanística, sino de decisiones políticas y de financiación a nivel regional.
La Administración también advierte de que, si no se produce la cesión de estas parcelas, los recursos públicos y la ayuda que el Gobierno Vasco destina a Donostia-San Sebastián podrían dirigirse a otras promociones de vivienda protegida en otros municipios vascos.
De este modo, podría verse comprometida la oportunidad de aprovechar de inmediato un desarrollo significativo de vivienda en alquiler en El Infierno, una acción que, desde el punto de vista oficial, contribuiría a aliviar la demanda de vivienda en la ciudad, especialmente entre los jóvenes donostiarras, que hoy buscan una opción real para emanciparse.
En conjunto, el mensaje oficial es claro: #Euskadi quiere avanzar hacia un modelo de vivienda protegida en alquiler, con titularidad pública y una gestión que asegure costes sostenibles para las arcas municipales.
La decisión final dependerá de la consulta formal, de la negociación entre Consistorio, VISESA y Alokabide, y de la capacidad presupuestaria para sostener un plan que permita, a medio plazo, sumar más de 800 viviendas en varios municipios.
Mientras tanto, #San Sebastián se sitúa en el centro de un debate que combina urbanismo, política de vivienda y estrategias para afrontar una demanda histórica, con un horizonte en el que el Infierno podría convertirse en un ejemplo de colaboración público-pública para ofrecer vivienda en alquiler a jóvenes y familias que hoy no encuentran opciones adecuadas.