Una encuesta oficial en Euskadi indica que el 48,2% de las mujeres entre 16 y 85 años han experimentado algún tipo de violencia machista, con cifras que reflejan una problemática que afecta a todas las edades y condiciones sociales.
Esta estadística, que implica aproximadamente 449,300 mujeres en la región, evidencia una realidad preocupante que trasciende edades, niveles socioeconómicos y condiciones personales.
La violencia machista, considerada una violación grave de los derechos humanos, sigue siendo un problema que requiere atención prioritaria y acciones eficaces.
La encuesta, realizada en 2024, fue la primera de carácter oficial en #Euskadi con el objetivo de analizar en profundidad la magnitud y las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres en los ámbitos público y privado.
Los resultados reflejan que la violencia física o sexual es la más denunciada, aunque la violencia psicológica, que generalmente se presenta en mayores proporciones, permanece en la sombra y muchas veces no logra salir a la luz pública.
Es importante destacar que, a pesar de que solo el 14% de las mujeres afectadas han presentado denuncia formal, un alto porcentaje, el 81,2%, comparte sus experiencias con amistades o familiares, buscando apoyo y comprensión.
La situación se vuelve aún más grave cuando se observa que, en los últimos doce meses, un 7,4% de las mujeres, equivalente a cerca de 68,900, han sufrido violencia reciente, en ocasiones en forma de amenazas, agresiones físicas, abuso sexual o violencia psicológica.
Desde una perspectiva sociodemográfica, los datos indican que las mujeres entre 30 y 44 años son las más afectadas, con una prevalencia del 62,3%, seguidas por las jóvenes de 16 a 29 años, con una tasa del 55,8%.
En contraste, las mujeres mayores de 65 años reportan un menor índice, del 30,2%. Sin embargo, esto puede estar influido por factores como la mayor reticencia a denunciar o la dificultad para reconocer y aceptar ciertos episodios de violencia en función de su generación o nivel educativo.
Por otro lado, las mujeres con discapacidad y aquellas que enfrentan limitaciones severas en sus actividades diarias presentan una mayor vulnerabilidad, con tasas de violencia que alcanzan el 49,8%.
La violencia en el ámbito de pareja afecta a un 34,6% de estas mujeres con discapacidad, en comparación con un 28,9% de las mujeres sin limitaciones.
Además, las mujeres de nacionalidad distinta a la española enfrentan un riesgo notablemente mayor, con un 61,1% de haber sufrido violencia alguna vez, frente al 46,8% de las españolas.
El nivel de estudios también influye en las tasas de violencia reportada. Las mujeres con estudios primarios o inferiores muestran una prevalencia del 33,5%, mientras que las que poseen estudios superiores alcanzan tasas superiores al 55,8%, reflejando quizás tanto una mayor concienciación como una mayor capacidad para identificar y denunciar estos episodios.
En términos económicos, la encuesta revela que la violencia afecta a mujeres de todos los niveles de ingreso, oscilando entre el 44,9% en hogares de renta media-baja y el 56,9% en hogares de renta alta.
Las mujeres en situación de pobreza severa también enfrentan un riesgo proporcionalmente alto
Sin embargo, las mujeres en situación de pobreza severa también enfrentan un riesgo proporcionalmente alto.
Las consecuencias de estos episodios son profundas: el 18,4% de las mujeres ha buscado atención médica o psicológica tras sufrir violencia, y un 17,3% considera que debería haberlo hecho pero no pudo.
Las víctimas de violencia física y psicológica son las que más recurren a atención sanitaria. Además, un 11,7% ha tenido que ausentarse temporalmente de su trabajo o estudios debido a su experiencia de violencia.
En el ámbito laboral y académico, las ausencias están sobre todo relacionadas con violencia física y psicológica. Las mujeres que han sufrido violencia en ambos ámbitos, dentro y fuera del hogar, son las que mayor tiempo han estado ausentes, con un 27,8% que ha faltado en más de una ocasión.
El impacto en la salud física y mental también se refleja en la ingesta de medicamentos, alcohol o drogas, con un 16,6% que ha utilizado estas sustancias para afrontar el estrés y el trauma.
Las cifras más altas corresponden a las mujeres que han sufrido violencia física (26,3%) y en el ámbito de pareja (23,4%).
Un aspecto positivo, aunque todavía insuficiente, es la tendencia a denunciar. El 13,9% de las mujeres que han sido víctimas ha presentado denuncia formal, siendo más frecuente en casos de violencia física. Sin embargo, muchas relatan que la principal razón para no denunciar es la percepción de que su situación no constituye un delito, seguida por sentimientos de culpa y la dificultad en acceder a procesos judiciales.
Miren Elgarresta, directora de Emakunde, resaltó la importancia de la encuesta, agradeciendo la valentía de las mujeres que compartieron su experiencia.
Comentó que estos datos deben servir para fortalecer las políticas públicas que combaten la #violencia de género y promueven la igualdad, recordando que romper el silencio es fundamental para construir una sociedad más justa y libre de violencia.
Esta problemática no es nueva y tiene raíces profundas en la historia del movimiento feminista y en las desigualdades estructurales que persisten en nuestra sociedad.
Desde la aprobación de la Convención de Belém do Pará en 1994, los esfuerzos internacionales han ido en aumento, reconociendo la violencia de género como una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Países como España, junto con toda Europa, han implementado leyes y programas destinados a prevenir, proteger y sancionar la violencia machista, pero aún queda mucho por hacer para erradicarla por completo.
