El Gobierno Vasco presenta un proyecto de ley de transparencia que busca ampliar los principios de apertura, rendición de cuentas y participación en beneficio de la democracia y la confianza ciudadana, extendiendo también su alcance al sector privado y creando nuevas instituciones de control.
El Gobierno Vasco ha presentado en el Parlamento una propuesta de Ley de Transparencia que tiene como principal objetivo fortalecer la cultura del Gobierno Abierto en Euskadi, promoviendo la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Esta iniciativa legislativa se enmarca dentro de una serie de esfuerzos históricos en la región para impulsar el buen gobierno y la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Desde la década de 2000, Euskadi ha progresado significativamente en materia de transparencia, estableciendo diversos portales de acceso a la información pública, como Gardena, Irekia y Euskadi.eus. Según el Sociómetro 85 de febrero de 2023, cerca del 70% de los vascos confía en las instituciones públicas, un nivel que refleja el éxito de estas políticas.
Sin embargo, el nuevo proyecto pretende ir más allá y consolidar un marco normativo más sólido y amplio.
La ley se estructura en cinco capítulos y comprende un total de 85 artículos que persiguen cuatro objetivos clave: profundizar en la transparencia administrativa, fomentar la colaboración y participación ciudadana, facilitar el acceso a la información pública y crear un sistema de protección para quienes denuncien infracciones y luchan contra la corrupción.
Uno de los aspectos más innovadores de esta legislación es su ámbito de aplicación, que se extenderá más allá del sector público, incluyendo también al Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas y el Ararteko.
Además, obliga a las organizaciones sindicales, empresariales, partidos políticos y entidades privadas que gestionen ayudas superiores a 100.000 euros o que reciban más del 40% de sus ingresos en subvenciones a cumplir con las obligaciones de publicidad activa.
El impulso hacia la apertura de datos es otra de las prioridades del proyecto de ley. Se promoverá que las entidades del sector público publiquen de forma efectiva información reutilizable, respetando siempre la privacidad y la seguridad.
Esto permitirá mejorar la interoperabilidad entre administraciones y facilitar la generación de valor social a través del aprovechamiento de los datos.
En la misma línea, se reforzarán los canales de acceso a la información y se crearán nuevos instrumentos de participación, como un Registro de Participación y un Registro de Grupos de Interés de Euskadi.
Esto facilitará la implicación de la ciudadanía en la evaluación y diseño de las políticas públicas, promoviendo una gestión más participativa y transparente.
Una de las principales novedades será la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia, una institución independiente que velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso a la información.
La ciudadanía podrá presentar reclamaciones ante este órgano si considera que se le ha negado información o que sus derechos no han sido respetados.
Asimismo, se establecerá un canal externo para la protección de las personas que denuncien infracciones o corrupción, complementando así el canal interno que ya funciona en la actualidad.
Ambos canales asegurarán que los informantes puedan actuar con mayor seguridad y protección.
Por último, la ley contempla un régimen sancionador que asigna multas desde 200 euros hasta 12.000 euros para infracciones leves y graves, y castigos económicos de hasta 400.000 euros en los casos más graves para entidades privadas o entes públicos que incumplan sus obligaciones. Esto reforzará el compromiso de todos los actores para mantener un alto nivel de transparencia y ética pública en Euskadi.
En definitiva, esta propuesta de legislación refuerza el compromiso de Euskadi con una gestión pública más abierta y participativa, reafirmando su liderazgo en la región en la promoción de una democracia moderna, sólida y confiable.
La iniciativa busca también adaptarse a un contexto global donde la desinformación y el autoritarismo representan desafíos importantes para la estabilidad democrática, proponiendo un marco normativo que garantice la protección y participación de la ciudadanía en igualdad de condiciones.
