La provincia de Gipuzkoa refuerza su iniciativa para mejorar el uso y la seguridad en la medicación, alcanzando 56 municipios con un presupuesto de 160.000 euros para 2025. La colaboración entre farmacias, servicios sociales y ayuda domiciliaria busca potenciar la atención farmacéutica y garantizar la adecuada administración de medicamentos en población vulnerable.

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En la provincia de Gipuzkoa, se ha formalizado esta mañana la firma de un acuerdo que ampliará la participación en un programa destinado a mejorar el uso racional de los medicamentos, incorporando ahora a 56 municipios.

Este programa, impulsado conjuntamente por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG), cuenta con un presupuesto de aproximadamente 160.000 euros para el año 2025, equivalentes a unos 150.000 euros en moneda local.

El objetivo principal del programa es potenciar el papel de las farmacias como agentes activos en la gestión de la salud, especialmente en la supervisión, acompañamiento y detección de errores en la medicación.

Esto resulta vital en una sociedad que envejece progresivamente, donde cada vez hay más personas mayores que viven con enfermedades crónicas y presentan mayor dependencia.

Desde sus inicios, el programa ha promovido la farmacovigilancia y una atención personalizada, logrando que más de 600 habitantes de Gipuzkoa accedan a este servicio de forma regular.

El acuerdo, que fue suscrito por representantes del Gobierno Vasco, los alcaldes de Alkiza, Aia y Eibar, y el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, busca extender estos beneficios a toda la población vulnerable en la región.

Entre las acciones destacadas está la colaboración estrecha de las farmacias con auxiliares domiciliarios y cuidadores principales, quienes trabajan en conjunto para garantizar la correcta adquisición, conservación y administración de los medicamentos.

El director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Inaki Betolaza, resaltó que programas de esta naturaleza son fundamentales para asegurar la seguridad y eficiencia en los tratamientos farmacológicos, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sus familias.