La sesión de hoy entre la consejera vasca de Gobernanza y la ministra española de Inclusión y Migraciones evidencia tensiones sobre las transferencias pendientes y la financiación, mientras persisten dudas sobre la próxima Comisión Mixta de Transferencias.
Acompañada del viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso, Ubarretxena confiaba en que la cita sirviera para encauzar la negociación y vencer las resistencias que habían surgido en los días previos respecto a la forma de materializar los acuerdos políticos ya suscritos.
En ese marco, el Gobierno Vasco insistía en la necesidad de avanzar con claridad y con garantías de que las decisiones se traduzcan en transferencias efectivas y en criterios de pago puntuales para las prestaciones que el sistema exige.
El Gobierno Vasco ha observado, con preocupación contenida, un movimiento de retroceso por parte del Ejecutivo central en lo que se refiere a las valoraciones económicas y a la valoración del personal implicado en algunas de las transferencias pendientes, además de ciertas cuestiones que se consideran irrenunciables para asegurar el correcto desembolso de las prestaciones que están encima de la mesa.
Este giro ha alimentado la duda sobre si las transferencias podrán formalizarse tal como estaban previstas en las decisiones técnicas que precedían a la firma de los documentos correspondientes.
En palabras de la consejera, se trata de evitar “trucos contables” o interpretaciones que desvirtúen el espíritu de los acuerdos.
En este contexto, Ubarretxena señaló que, a día de hoy, existen dudas serias sobre la posibilidad de celebrar la sesión de la Comisión Mixta de Transferencias, la cual estaba fijada para el próximo lunes, 29 de diciembre.
Según la lectura de la Consejería, hay traspasos que parecían cerrados y que, de pronto, se encuentran en un limbo administrativo que podría hacer reajustar plazos y compromisos.
Este escenario genera inquietud en la propia estructura autonómica, que demanda claridad y un calendario realista para evitar registros de traspasos incompletos o desvirtuados.
Aun así, el Gobierno Vasco subrayó su compromiso de seguir trabajando sin descanso para desatascar la negociación. La premisa irrenunciable es que no se aceptarán traspasos a medias ni desvirtuados: es decir, aquellas operaciones que no cuenten con la garantía de ejecución plena y con el respaldo de criterios presupuestarios y de personal bien definidos.
Este enfoque pretende preservar la estabilidad de servicios y derechos que dependen de estas transferencias
Este enfoque pretende preservar la estabilidad de servicios y derechos que dependen de estas transferencias, especialmente en áreas sensibles como la seguridad social, la administración digital y los mecanismos de protección de derechos.
La situación debe enmarcarse también en un contexto histórico de intensas negociaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Desde la aprobación de la Constitución española de 1978 y, especialmente, del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979, la relación entre Madrid y Vitoria ha estado marcada por procesos de revisión y reajuste de competencias y recursos.
La figura de la Comisión Mixta de #Transferencias ha sido, en repetidas ocasiones, el foro para dirimir discrepancias sobre calendarios, dotaciones y criterios de aplicación.
A lo largo de las últimas décadas, las transferencias en ámbitos como la gobernanza digital, la seguridad social y la gestión de prestaciones han convivido con momentos de mayor fricción que, cuando se resuelven, suelen coincidir con avances en la coordinación entre administraciones y con un fortalecimiento de la autonomía presupuestaria vasca.
Este episodio se inscribe en un escenario más amplio de negociación entre comunidades y el gobierno central, en el que se buscan herramientas de financiación más predecibles y un marco de colaboración que evite atrasos que afecten a personas y servicios.
En ese sentido, las partes podrían acordar, en las próximas semanas, mecanismos de seguimiento y plazos revisados que permitan avanzar sin perder el objetivo último: garantizar la igualdad de derechos y la continuidad de las prestaciones para las personas que dependen de estas transferencias.
Mientras tanto, la ciudadanía observa de cerca cómo evolucionan estos intercambios, conscientes de que la capacidad de coordinación entre administraciones es un componente clave para la estabilidad económica y social de la región.