El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) ha abierto un expediente sancionador contra La Falange por la convocatoria de la manifestación del 12 de octubre de 2025 en Vitoria-Gasteiz, alegando posible incumplimiento de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Se han iniciado diligencias previas y el caso podría acarrear una multa entre 2.001 y 10.000 euros.
El motivo, según el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de Euskadi, Gogora, es un posible incumplimiento de la Ley 9/2023, de Memoria Histórica y Democrática.
A efectos prácticos, se trata de ver si el acto incumplía obligaciones para proteger la memoria de las víctimas y evitar la exaltación de la dictadura.
El proceso arrancó con la notificación de apertura del expediente. Una vez comunicada, se abre un plazo para que #La Falange presente alegaciones. Con antelación, el 27 de octubre de 2025, #Gogora inició diligencias informativas previas de oficio, para recabar información sobre lo ocurrido y evaluar si existían expresiones, consignas o símbolos que pudieran contravenir la norma.
La Ley 9/2023, en su artículo 47.3, contempla infracciones graves relacionadas con la utilización de expresiones ofensivas o degradantes contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura, o de sus familiares, y con la celebración de actos que tengan por objetivo exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o de la dictadura franquista, incluida la simbología de ese periodo.
En caso de infracciones graves, la sanción prevista oscila entre 2.001 y 10.000 euros.
Las circunstancias de este caso son relevantes no solo por la acción puntual, sino por el marco normativo que Euskadi ha ido tejiendo para convivir con su pasado.
Gogora funciona como un órgano autónomo de la comunidad autónoma para vigilar el cumplimiento de la memoria histórica
Gogora funciona como un órgano autónomo de la comunidad autónoma para vigilar el cumplimiento de la memoria histórica, promover la convivencia y defender los derechos humanos.
Su labor incluye, entre otras funciones, abrir diligencias cuando se detectan actuaciones que puedan menospreciar la memoria de las víctimas o promover la dictadura.
Este expediente se enmarca dentro de ese objetivo: evitar que símbolos, consignas o actos conmemorativos de la dictadura o el golpe de 1936 encuentren espacio en actos públicos.
Para entender la relevancia, conviene saber que Euskadi ha sido escenario de largas batallas culturales y políticas sobre la memoria. Tras la Guerra Civil y la dictadura de Franco, la comunidad ha ido adoptando medidas para reconocer y honrar a las víctimas y para impedir la rehabilitación de ideologías que promuevan la violencia.
En ese contexto, la #Ley 9/2023 refuerza la idea de que no se debe celebrar de forma oficial actos o símbolos que enaltezcan regímenes autoritarios, ni permitir expresiones que menosprecien a quienes sufrieron esa etapa.
El caso de La Falange, por tanto, llega en un momento en que el gobierno vasco enfatiza la convivencia y el rechazo a cualquier discurso que normalice la violencia.