En Euskadi, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha subrayado los esfuerzos del Ministerio para implementar una nueva normativa que busca asegurar la igualdad y la accesibilidad en el ámbito de la justicia.

Este avance se enmarca dentro de los compromisos establecidos por el Gobierno vasco durante esta legislatura.

San José, quien participó en una Conferencia sectorial en Córdoba bajo la dirección del ministro Félix Bolaños, resaltó que las reformas legales que están a punto de concluir en las Cortes impulsarán el Plan Estratégico de la Justicia de Euskadi, cuya ejecución está programada para el período 2022-2028. La consejera destacó que este plan se concibió como una guía a medio plazo, y su culminación es una prioridad en su gestión actual.

La consejera enfatizó que el principal objetivo de la nueva legislatura es avanzar en la modernización de los servicios públicos, centrándose especialmente en la igualdad y la accesibilidad para todos los ciudadanos.

San José defendió un enfoque centrado en las personas en el proceso de toma de decisiones, lo cual es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios judiciales sin obstáculos.

En este contexto, hizo referencia a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y a la Ley Orgánica de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ambas concebidas para facilitar un acceso más justo a la justicia.

San José explicó que "los servicios públicos son esenciales para garantizar derechos y fomentar la igualdad" y que estas leyes proporcionarán un impulso significativo a la justicia en Euskadi.

"La justicia no debería ser un obstáculo adicional para quienes ya enfrentan desafíos significativos en su vida diaria", añadió durante su intervención.

En este sentido, la consejera abogó por una justicia más accesible, que priorice la sostenibilidad, la digitalización y la rapidez en los tiempos de respuesta, así como la promoción de servicios de justicia restaurativa que realmente aborden los conflictos sin causar más daño.

Un aspecto destacado por San José fue el reciente avance en digitalización, donde Euskadi logró la interoperabilidad total con el Tribunal Supremo en la gestión de expedientes judiciales electrónicos, convirtiéndose en pionera en este aspecto, ya que ha reducido los tiempos de trámite en seis meses.

Este nuevo modelo de gestión de justicia se implementará en todo el país, y San José se ofreció a colaborar con el Ministerio y otras comunidades autónomas para compartir las lecciones aprendidas en este proceso.

Expresó que, aunque el camino hacia una justicia más moderna es complejo, es esencial fomentar la gobernanza conjunta y la cooperación entre instituciones.

Además, se espera que la creación de tribunales de instancia permita una mayor eficiencia en la tramitación de asuntos judiciales, así como la especialización en cuestiones de violencia infantil, replicando lo que ya se hace con respecto a la violencia de género.

También, se contempla la creación de oficinas de justicia municipal para mejorar la cercanía al ciudadano en la gestión de trámites judiciales.

En cuanto a la Ley del Derecho a la Defensa, esta regulará importantes derechos para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades, garantizando su acceso a la información y a los servicios judiciales en formatos claros y accesibles.

También se asegurará el derecho de los ciudadanos a expresarse en su lengua materna en cualquier instancia judicial.

Esta serie de reformas representa un paso significativo hacia una Euskadi más inclusiva y con una justicia al alcance de todos, mostrando un firme compromiso del Gobierno vasco con la igualdad y la accesibilidad.

Córdoba, 22 de noviembre de 2024