La Consejera de Justicia y Derechos Humanos presenta el VI Plan de Justicia Juvenil 2025-2029 de Euskadi, con cuatro ejes estratégicos, más de 30 acciones y un presupuesto orientado a la prevención, la intervención educativa y la reinserción de menores infractores.
En Euskadi, el Gobierno Vasco ha presentado el VI Plan de Justicia Juvenil para el periodo 2025-2029, un marco estratégico que reúne más de 30 medidas educativas, socioeducativas y de #reinserción dirigidas a menores de 14 a 18 años.
Este plan se enmarca como la piedra angular para prevenir delitos, garantizar los derechos de las personas menores infractoras y facilitar su vuelta al terreno educativo y social.
Es, además, el sexto plan aprobado desde que #Euskadi asumió la competencia en materia de #justicia juvenil en 1996, lo que refleja la continuidad de una política pública que se ha ido adaptando a los cambios sociales y a las evidencias sobre lo que funciona.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, Maria Jesus San Jose, explicó las líneas generales ante el Consejo de Gobierno. El VI Plan se apoya en principios como la coordinación interinstitucional, la transparencia y la rendición de cuentas, la atención individualizada a cada menor, la #prevención y la reinserción, y la evaluación continua para ir ajustando las acciones.
En total, se estructuran en cuatro líneas estratégicas que profundizan en lo ya trabajado y buscan consolidar un modelo más eficaz y humano.
La primera línea se centra en prevenir conductas problemáticas desde sus raíces, con acciones que detecten temprano factores de riesgo, fortalezcan el bienestar de la infancia y la adolescencia y empujen hacia la justicia restaurativa.
La segunda apuesta por la integración de políticas públicas: coordinar acciones entre las distintas instituciones públicas, entidades y otros agentes que intervienen en la justicia juvenil para evitar solapes y fomentar la coherencia.
La tercera línea quiere mejorar la calidad de la intervención a través de programas basados en la evidencia, revisar protocolos, adaptar respuestas a perfiles diversos y dotar de formación especializada a los profesionales que trabajan con menores.
Y la cuarta línea refuerza la responsabilidad pública y el modelo de gestión, asegurando que las actuaciones se articulen de forma eficaz y sostenible.
En este plan también se subraya la necesidad de una coordinación estrecha entre departamentos, ya que la gestión de la justicia juvenil en Euskadi depende del Departamento de Justicia y Derechos Humanos pero implica a Seguridad, Salud, Economía, Educación, Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, entre otros.
Además, el VI Plan se alinea con el Programa de Gobierno de la XIII Legislatura y con otros planes estratégicos como el Plan de Salud 2030 o la Estrategia Vasca de Inmigración, lo que facilita un enfoque cohesionado en convivencia, derechos humanos y oportunidades para la juventud.
Respecto a los objetivos, el VI Plan mantiene nueve metas estratégicas orientadas a un enfoque integral y adaptable. Entre ellas destacan reducir los plazos para iniciar las actuaciones, ampliar el acceso a la justicia restaurativa, revisar y homogeneizar los protocolos de los centros de cumplimiento de medidas ante situaciones de vulnerabilidad, y adaptar las respuestas a los perfiles y contextos de las personas usuarias.
También se prioriza la detección de factores de riesgo y de protección en el ámbito social y educativo, abordar la reincidencia desde la responsabilidad de cada administración, ofrecer formación especializada a los agentes implicados, mejorar la recogida de información sobre cada persona y coordinar con el resto del tejido institucional.
La justicia juvenil en Euskadi se define, desde su origen, como una intervención pública con un carácter educativo, no solo como sanción penal. Su objetivo es responsabilizar a las personas menores que han cometido un delito y favorecer su reinserción, con itinerarios personalizados, fortalecimiento de entornos familiares y comunitarios y un modelo coherente, sostenible y centrado en la persona menor.
La coordinación entre departamentos y la cooperación con entidades públicas y privadas son piezas clave para prevenir conductas delictivas y proteger el bienestar de la infancia y la adolescencia.
Euskadi presenta la evaluación del Plan de Justicia Juvenil 2020-2024 y analiza el nuevo horizonte 2025-2029
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos de Euskadi ha llevado a cabo una comparecencia para presentar la evaluación del Plan de Justicia Juvenil 2020-2024 y las líneas estratégicas del futuro plan 2025-2029, con el objetivo de mejorar el sistema de atención a los jóvenes en conflicto con la ley.5 millones de euros a servicios y programas de medio abierto
En cuanto a la financiación y la red de centros, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos destinará más de 12,5 millones de euros a servicios y programas de medio abierto, donde las medidas se cumplen fuera del internamiento.
En el ámbito de los centros educativos, el Ibaiondo —único de nivel I y donde se ejecutan las medidas más restrictivas— contará con un presupuesto cercano a los 43 millones.
Los centros de nivel II y III, gestionados por entidades sin ánimo de lucro, dispondrán de 57,7 millones. En materia de seguridad, se prevé que la mitad de los 14,7 millones de euros destinados a este apartado vaya a Ibaiondo.
Para el periodo 2025-2029, el plan contempla una dotación suficiente de profesionales especializados tanto en los servicios de medio abierto como en los centros educativos.
En medio abierto se propone una ratio de 1 profesional por cada 15 jóvenes, con una previsión de personal algo superior para cubrir picos de demanda: Bizkaia contará con 16 profesionales, Gipuzkoa con ocho y Araba con cinco.
En los #centros educativos de justicia juvenil, los equipos multidisciplinares garantizan una atención integral y personalizada, integrando dirección, administración, personal técnico, educadores, docentes y servicios auxiliares.
En el caso de Ibaiondo, por ejemplo, para 39 plazas, se detallan cinco puestos de dirección y administración, dos profesionales de psicología, dos de trabajo social, 65 educadores y educadoras, 13 docentes y personal de servicios auxiliares.
Los centros gestionados por entidades privadas mantienen su estructura flexible para adaptar el personal a la capacidad y necesidades de cada centro.
Una de las referencias clave para entender este VI Plan es la evaluación del Plan anterior, realizada por el Instituto Vasco de Criminología de la EHU.
Los resultados destacan que el modelo vasco orientado a la educación, la reparación y la responsabilidad de los menores ha mostrado efectos positivos.
En concreto, la tasa de reincidencia se sitúa en torno al 11,0%, frente al 13,0% al finalizar el plan anterior, lo que refuerza la idea de que una intervención educativa y restaurativa sí puede reducir la criminalidad juvenil.
Durante 2020-2024 se registraron 11.751 infracciones cometidas por menores, de las que 9.784 fueron delitos graves (principalmente hurtos, lesiones y violencia de género) y 1.967, delitos leves. Se aplicaron 3.611 medidas, en un 75% de los casos en medio abierto, destacando la libertad vigilada, los internamientos, las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas.
En ese periodo se dictaron 2.738 sentencias condenatorias frente a 222 absolutorias.
El perfil que muestra la evaluación es, en su mayor parte, de chicos de 16 y 17 años que cometen su primer hecho delictivo, con predominio de menores nacidos en la Comunidad Autónoma Vasca.
La justicia restaurativa cobra protagonismo, con 2.470 mediaciones realizadas y un 73% de resultados positivos. Este mecanismo busca la responsabilidad, la reparación del daño y el compromiso personal de los menores. Entre los logros del anterior plan destacan la eficacia en la ejecución de medidas, la mejora de la escolarización y la formación profesional de las personas menores, la atención individualizada basada en criterios de proporcionalidad y calidad educativa, y la formación continua de los profesionales.
Aun así, persisten retos relevantes: la influencia de las nuevas tecnologías en la tipificación delictiva juvenil, el consumo de sustancias, el aumento de problemas de salud mental, los delitos vinculados a la libertad sexual, la falta de ocio estructurado y la precariedad familiar de algunos menores.
Estos desafíos refuerzan la necesidad de mantener, en los próximos años, un enfoque integral que combine prevención, intervención educativa y acompañamiento psicosocial, con una visión que conecte la justicia con la educación, la salud y el desarrollo social para construir oportunidades reales para la juventud de Euskadi.