Análisis claro de la postura del Gobierno Vasco ante la regularización extraordinaria y su marco competencial, con contexto histórico y pasos atados a la normativa estatal.
El Gobierno Vasco insiste en que la definición, la aprobación y la puesta en marcha de cualquier acción de este tipo corresponden a la Administración central, y no a la comunidad autónoma.
Esto se enmarca en que la extranjería e inmigración, por Constitución y por la normativa vigente, son #competencias del Estado.
La base jurídica es clara: el artículo 149.1.2 de la Constitución y el Reglamento de Extranjería mantienen que estas materias son del Estado. A partir de ahí, cualquier detalle operativo o calendario depende de la Administración central y de la norma definitiva que se apruebe. En este contexto, el anuncio inicial del inicio de trámites para un real decreto fue recibido con cautela por la comunidad autónoma, que decidió actuar con responsabilidad institucional y transparencia.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó, a finales de enero de 2026, que se abrían los trámites para esa #regularización extraordinaria y que el arranque de las solicitudes podría darse a principios de abril, o en un plazo cercano de dos meses, una vez cumplidos los trámites previos.
Esa previsión, que también recogieron varios medios, no suponía una fecha definitiva, sino un marco aproximado.
Ante esa situación, el Gobierno Vasco puso en marcha una campaña informativa provisional para trasladar a la ciudadanía información comprensible sobre el borrador estatal, subrayando desde el primer momento que no era definitivo y que podría cambiar.
El objetivo era evitar desinformación y falsas expectativas, y acompañar a la ciudadanía con información rigurosa desde el inicio.
Después, el Gobierno Vasco realizó un análisis técnico del borrador y presentó alegaciones y propuestas orientadas a mejorar la seguridad jurídica del proceso, facilitar su aplicación y reforzar la integración social.
Esta labor se llevó a cabo en clave de lealtad institucional y de colaboración con la Administración General del Estado.
El 16 de febrero se celebró una reunión con el Ministerio en la que #Euskadi trasladó su posicionamiento y ofreció colaboración: el Ministerio dejó claro que la regularización extraordinaria sería un proceso gestionado íntegramente por el Estado
El 16 de febrero se celebró una reunión con el Ministerio en la que Euskadi trasladó su posicionamiento y ofreció colaboración: el Ministerio dejó claro que la regularización extraordinaria sería un proceso gestionado íntegramente por el Estado, sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas.
Canadá incorporará vivienda y servicios de salud en su estrategia de inmigración
El ministro de Inmigración de Canadá, Marc Miller, anunció que el país incorporará la planificación de vivienda, atención médica y otros servicios en su estrategia de inmigración, luego de registrar el mayor aumento de población en casi siete décadas.A partir de ese momento, la actuación del Gobierno Vasco quedó enmarcada dentro de ese marco y con esa expectativa.
Conviene distinguir este proceso extraordinario de otras competencias ya transferidas: desde julio de 2025, Euskadi ejerce funciones en autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras en su ámbito territorial, pero la legislación aplicable, la residencia y la tramitación de todas las autorizaciones no transferidas siguen correspondiendo a la Administración General del Estado.
Esa transferencia no convierte al Gobierno Vasco en autoridad competente para aprobar o activar una regularización extraordinaria.
En consecuencia, el papel del Gobierno Vasco se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros.
El Gobierno Vasco reitera que ha trabajado desde el inicio con corresponsabilidad, anticipación y lealtad institucional, pero la decisión, la regulación y la gestión del proceso extraordinario corresponden exclusivamente al Estado español.
El compromiso del Gobierno Vasco seguirá siendo el mismo: trasladar información fidedigna cuando exista un real decreto definitivo y hacerlo con la máxima seriedad y responsabilidad pública.
Históricamente, España ha ido configurando su marco migratorio a través de normativas estatales, y las comunidades han ido ganando o cuidando competencias en ámbitos puntuales; en este caso, el mensaje es claro: la regulación final y su gestión corresponde al Gobierno central, con Euskadi colaborando en la información y la seguridad jurídica.