El Consejo de Gobierno de Euskadi ha dado un paso significativo en el ámbito de la educación y la justicia juvenil al aprobar la firma de dos convenios de colaboración con las asociaciones educativas Berriztu e Irsearaba-Instituto para la Inclusión Social.

Estas alianzas están diseñadas para desarrollar acciones educativas dirigidas a jóvenes y menores que deben cumplir medidas de acogida o reinserción.

En total, se destinarán 1,6 millones de euros (aproximadamente 1,4 millones de euros) entre los años 2025 y 2026.

La propuesta fue introducida por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, quien destacó la importancia de garantizar que estas acciones educativas continúen.

La actual ronda de convenios concluirá el 31 de diciembre de este año, lo que hace indispensable la firma de nuevos convenios para seguir adelante con estos programas.

El convenio con la Asociación Berriztu indica que se implementarán medidas de medio abierto que incluyen libertad vigilada, realización de tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, entre otras.

Estas intervenciones están enmarcadas dentro de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y serán aplicadas a aquellos casos que hayan sido dictaminados por los Juzgados de Menores.

Para el año 2025, se reserva una dotación de 502.632 euros (algo más de 460.000 euros) y para 2026, se prevé una inversión de 517.716 euros (aproximadamente 475.000 euros).

Por otro lado, el convenio firmado con Irsearaba-Instituto para la Inclusión Social también se centra en la ejecución de medidas en medio abierto, pero en este caso, en la provincia de Araba.

Para este propósito, se asignarán 276.684 euros (alrededor de 250.000 euros) para el próximo año y 284.976 euros (cerca de 260.000 euros) en 2026.

La decisión de implementar estas medidas tiene un trasfondo significativo, ya que en Euskadi se ha visto un incremento en la necesidad de programas que aseguren la educación y reintegración de menores en conflicto con la ley.

Este fenómeno no es exclusivo de la región, ya que a nivel nacional, se ha debatido ampliamente sobre la eficacia de los programas educativos en el ámbito de la justicia juvenil.

Históricamente, se ha demostrado que los enfoques educativos son más efectivos que las soluciones punitivas, generando un impacto positivo en la reducción de la reincidencia entre jóvenes infractores.

La inversión en educación, en lugar de castigos, promueve un mejor futuro tanto para los menores como para la sociedad en su conjunto.

Estos convenios forman parte de la estrategia del Gobierno Vasco para abordar la justicia juvenil desde una perspectiva rehabilitadora, reforzando la importancia de educar y orientar a los jóvenes, en lugar de simplemente castigarlos.

La implementación de estas medidas es un compromiso por parte de las instituciones vascas para fomentar un desarrollo social más equitativo y justo.