Resumen periodístico en español que reexpresa la noticia original sobre el balance 2025 de la Inspección de Trabajo de Euskadi y el Plan de Gestión 2026-2028, con énfasis en lucha contra el fraude, modernización y derechos laborales.
Acompañado por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de la #Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González, Torres subrayó la necesidad de contar con un marco de relaciones laborales sólido, a la altura de las exigencias actuales y futuras, y afirmó que la primera condición para avanzar es el cumplimiento de la ley por todas las partes.\n\nEl balance de 2025 ha estado marcado por un mercado laboral vasco con un crecimiento sostenido y un registro histórico en la afiliación a la Seguridad Social.
Casi 1.037.000 personas estaban afiliadas al cierre del año, con un incremento de 12.293 respecto a 2024, lo que representa un avance del 1,2% y el mayor dato histórico hasta la fecha. En ese contexto, el Vicelehendakari enfatizó que, cuando se alcanzan cifras de #empleo récord, es imprescindible profundizar en la calidad de ese empleo: puestos dignos, con derechos, con mecanismos de seguridad y plenamente ajustados a la legalidad.\n\nEn 2025 la Inspección de Trabajo llevó a cabo 20.191 actuaciones, detectó 1.862 infracciones y revisó 26.959 contratos, de los cuales 1.788 fueron transformados en indefinidos y a tiempo completo, fortaleciendo así la estabilidad laboral y la protección de las personas trabajadoras. La distribución de las actuaciones mostró una mayor concentración en Seguridad y Salud Laboral (11.545 intervenciones, el 57% del total), con 570 infracciones y 2.754 requerimientos; en Relaciones Laborales (6.974 actuaciones, 35%), 635 infracciones y 1.669 requerimientos; y en la lucha contra el fraude en la contratación (1.672 actuaciones, 8%), 657 infracciones y 20 requerimientos. A pesar de estas magnitudes, se constató que los comportamientos fraudulentos afectan a porcentajes relativamente bajos del total de empresas (entre el 0,4% y el 2,3%, según el supuesto), lo que demuestra que la mayor parte del tejido empresarial cumple la normativa, aunque donde hay fraude hay que actuar con firmeza.\n\nEn materia de Seguridad y Salud, la Inspección mantuvo una vigilancia especialmente intensa, con un sistema de guardia permanente 24 horas al día, los 365 días del año, para la investigación inmediata de accidentes mortales y muy graves.
En 2025 se abrieron 13 expedientes sancionadores y se realizaron 6 requerimientos por accidentes mortales y muy graves; 72 expedientes sancionadores y 92 requerimientos en accidentes graves; y 145 expedientes sancionadores y 133 requerimientos en accidentes leves, según la información facilitada por la subdirectora Iciar González.
Asimismo, se realizaron 98 actuaciones para investigar enfermedades profesionales, con 4 sanciones, 33 requerimientos y 2 recargos de prestaciones, además de una campaña específica coordinada con OSALAN.
Y donde se vulneran derechos laborales
Destaca también el Plan de Choque Estival contra el golpe de calor, activo durante cuarto año consecutivo, que involucró 4.440 comunicaciones a empresas y 357 actuaciones inspectoras, dando lugar a 12 expedientes sancionadores y 225 requerimientos. “La prevención salva vidas y nuestra obligación es actuar antes, durante y después del riesgo”, afirmó González.\n\nLa lucha contra el fraude en la contratación continuó siendo eje prioritario, apoyada por tecnología de big data. En 2025 se revisaron 26.959 contratos y se activaron tres planes de choque que afectaron a 12.939 contratos presuntamente fraudulentos. En el primer plan, puesto en marcha en mayo, se enviaron 1.343 comunicaciones a empresas, se revisaron 3.239 contratos y 979 contratos pasaron a indefinidos y a tiempo completo, lo que representa un 30,22%. Torres recordó que, donde no se cumple la ley, hay precariedad; donde hay fraude, hay competencia desleal; y donde se vulneran derechos laborales, se debilita la cohesión social.\n\nTorres ha insistido en que la Inspección tiene como eje prioritario combatir el #fraude laboral en todas sus manifestaciones, citando entre ellas el uso indebido de la contratación temporal, el fraude en la contratación a tiempo parcial, los falsos autónomos, la economía irregular, los incumplimientos en materia de Seguridad Social y las vulneraciones en materia de prevención de riesgos laborales.\n\nPlan de Gestión 2026-2028: la viceconsejera Elena Pérez Barredo explicó que los resultados de 2025 no representan un punto de llegada, sino el punto de partida para la nueva etapa que abre el Plan de Gestión 2026-2028.
El plan, aprobado recientemente por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, refuerza el compromiso con el empleo digno, la legalidad y la protección efectiva de los derechos laborales.\n\nEntre sus líneas, destaca la cobertura de todas las plazas vacantes y el refuerzo de la estructura operativa, la continuidad del programa de becas para la preparación de oposiciones, la consolidación de equipos técnicos especializados, un programa piloto de inteligencia artificial para mejorar la elaboración de actas y el análisis documental, la mejora de la interoperabilidad con aplicaciones estatales y la modernización de infraestructuras en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.
“No hay política pública eficaz sin personas suficientes y cualificadas que la pongan en funcionamiento”, subrayó.\n\nEl plan presta especial atención a los nuevos entornos laborales derivados de la digitalización, la automatización, el teletrabajo y la economía de plataformas, con un mensaje claro: “Los #derechos laborales no pueden diluirse en entornos digitales”.
Asimismo, consolida la dimensión preventiva y de acompañamiento de la Inspección, promoviendo campañas informativas y actuaciones planificadas en sectores estratégicos.
“Nuestro objetivo no es recaudatorio. Nuestro objetivo es que las normas se cumplan”, afirmó la viceconsejera.\n\nEl Departamento de Economía, Trabajo y Empleo mantiene que la Inspección de Trabajo no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de un modelo social basado en el diálogo social, la calidad del empleo, la productividad con derechos y la seguridad jurídica.