El Gobierno Vasco evalúa y mejora sus protocolos de respuesta ante emergencias, inspirándose en la gestión de la Dana en Valencia y reforzando la preparación en medicina forense para futuras catástrofes naturales.

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En Euskadi, la ciudad de San Sebastián ha organizado una jornada de trabajo centrada en la mejora de la gestión ante grandes desastres naturales, tras la experiencia adquirida en la Dana que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana en octubre del año pasado.

La iniciativa contó con la participación de profesionales de los servicios de emergencia que estuvieron involucrados en las labores de rescate en dicha región, con el objetivo de revisar y perfeccionar los protocolos existentes para estar mejor preparados en futuras situaciones de crisis.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, afirmó que la experiencia recogida tras la desastrosa Dana ayudará a reforzar la preparación forense en Euskadi.

San José destacó que estos aprendizajes permitirán realizar una revisión profunda de los procedimientos y protocolos de intervención, con la finalidad de proteger de manera más efectiva a la población en escenarios de emergencias de gran magnitud.

La jornada, organizada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), se celebró en el Colegio de Médicos de Bilbao.

Durante el encuentro, participaron técnicos y expertos de la Comunidad Valenciana, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos adquiridos tras las labores de rescate y atención en la Dana, que ocurrió hace aproximadamente seis meses y dejó más de 200 víctimas mortales.

San José subrayó la importancia de estos encuentros para fortalecer la respuesta institucional ante catástrofes naturales. “La experiencia de Valencia nos proporciona valiosas enseñanzas que podremos aplicar en Euskadi”, afirmó. Además, resaltó que de estas jornadas se extraerán conocimientos útiles para actualizar protocolos y procedimientos, con el fin de estar mejor preparados en futuras emergencias.

Desde un punto de vista técnico, la jornada abordó temas como la identificación forense, la gestión de la comunicación pública y la coordinación interinstitucional durante incidentes de gran escala.

Contó con la presencia de destacados profesionales en estos ámbitos, incluyendo a Pilar Milans del Bosch, comandante de la Guardia Civil, y a Elvira Garrido-Lestache, directora del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Asimismo, se remarcó la vocación de servicio público que caracteriza a los profesionales del IVML, destacando su compromiso y capacidad de adaptación en situaciones de crisis como la pandemia de COVID-19, en la que también demostraron su valor.

La consejera enfatizó que la medicina forense es una disciplina que combina la precisión científica con la justicia, contribuyendo a esclarecer hechos y garantizar la verdad en momentos difíciles.

Históricamente, Euskadi ha tenido que enfrentar diferentes tipos de emergencias, desde inundaciones, como las de 1983 y 2004, hasta desastres tecnológicos y accidentes industriales, que han impulsado a las instituciones a elaborar planes y protocolos específicos.

La experiencia de Valencia representa una oportunidad para integrar esas lecciones en un marco general de preparación y respuesta.

El objetivo principal de esta jornada es generar un espacio de reflexión y análisis que permita a las instituciones aprender de experiencias pasadas y establecer vínculos de colaboración.

La revisión y actualización de los protocolos de actuación será fundamental para garantizar respuestas rápidas y coordinadas en futuras catástrofes.

Además, se valoró la importancia de la preparación psicológica y la comunicación efectiva con la ciudadanía, aspectos cruciales en la gestión de emergencias.

En conclusión, Euskadi continúa su compromiso de fortalecer su respuesta ante eventos adversos, adaptándose a las lecciones aprendidas en otras regiones como Valencia.

La coordinación entre diferentes ámbitos y la capacitación permanente son la clave para garantizar la protección de la ciudadanía y minimizar los daños en caso de futuras catástrofes naturales.