El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de lanzar la XXI edición del Premio René Cassin, un galardón creado en 2003 para destacar y honrar las acciones ejemplares en pro de los derechos humanos.

Este reconocimiento, que cuenta con una dotación de 25.000 euros, permitirá que tanto individuos como organizaciones puedan presentar sus candidaturas hasta el 18 de noviembre.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, fue quien propuso esta convocatoria ante el Consejo de Gobierno, que ha aprobado el inicio del proceso.

Este premio está dirigido a aquellas personas o entidades que, a través de su actividad profesional o personal, hayan demostrado un compromiso notable en la promoción, defensa y difusión de los derechos fundamentales.

El jurado encargado de evaluar las candidaturas está compuesto por expertos de gran reputación en el ámbito de los derechos humanos y la convivencia.

Este comité lo integran figuras como Alfredo Retortillo Paniagua, Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco; Silvia Escobar Moreno, Embajadora de España en Misión Especial para Derechos Humanos; y varios académicos y activistas reconocidos, como Jon Mirena Landa y Mikel Mancisidor.

La dotación económica del premio se incrementó este año, reflejando el interés y el compromiso del Gobierno Vasco con los derechos humanos, luego de haber recibido 14 candidaturas en la edición anterior.

El proceso de presentación abrirá oficialmente el 21 de octubre, ofreciendo una ventana de tiempo sustancial para que los candidatos presenten su labor en esta área tan crucial.

El premio debe su nombre a René Cassin, un destacado jurista nacido en Bayona el 5 de octubre de 1887, quien es ampliamente reconocido como uno de los principales inspiradores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Su incansable labor en favor de los derechos humanos le valió el Premio Nobel de la Paz en 1968. A lo largo de las ediciones pasadas, este galardón ha sido otorgado a diversas personas y organizaciones que han hecho contribuciones significativas en la defensa de la dignidad humana.

Entre los premiados anteriores se encuentran la Asociación Civil Abuelas Plaza de Mayo y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, así como activistas internacionales como Elisa Loncon Antileo.

En la edición más reciente, el galardón fue concedido a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (ICDP), una entidad que ha luchado arduamente por la abolición de esta práctica en todo el mundo.

Ésta es una oportunidad vital para que los ciudadanos y organizaciones presenten su labor en la lucha por los derechos humanos, un tema que, en un contexto global marcado por la violencia y la injusticia social, se vuelve más relevante que nunca.