En Euskadi, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha presentado un novedoso programa de becas dirigido a aquellas personas interesadas en preparar oposiciones para las carreras judicial y fiscal, incluyendo el ingreso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Esta iniciativa fue propuesta por la consejera María Jesús San José y ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno, que ha establecido una asignación de 264.000 euros para financiar un total de 40 becas durante el año 2025.

Cada una de estas becas tendrá un valor de 6.600 euros anuales, lo que se traduce en 550 euros mensuales, destinados a cubrir los gastos necesarios para la preparación de estas oposiciones.

Estos fondos podrán ser utilizados para costear honorarios de centros de formación especializados, materiales de estudio, así como otros gastos derivados como desplazamientos, alojamiento o manutención en la localidad donde se realicen las evaluaciones.

Una de las principales metas de esta convocatoria es incentivar a licenciados o graduados en Derecho para que concentren sus aspiraciones profesionales hacia estas carreras, lo que promete no solo mejorar el sistema judicial, sino también aumentar la transparencia y la calidad del servicio público en el ámbito de la Justicia.

Para facilitar la inclusión de un mayor número de aspirantes, se ha decidido eliminar varios requisitos que previamente limitaban el acceso a estas ayudas.

De esta forma, ya no será necesario presentar un promedio mínimo de 6 en el expediente académico, ni habrá restricciones sobre el tiempo transcurrido desde la obtención del título en Derecho, lo que permite que aquellos que hayan graduado en años anteriores también puedan beneficiarse de la convocatoria.

Además, se ha habilitado la posibilidad de que los solicitantes que trabajen puedan compaginar su empleo con la obtención de la beca, facilitando así el acceso a la formación necesaria.

Como parte de un compromiso con la inclusión, se ha destinado un 5% de las becas disponibles para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto refleja un esfuerzo por parte del gobierno vasco para fomentar una mayor diversidad y equidad en el ámbito de la justicia.

El proceso de solicitud estará abierto durante un mes, contándose a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

Es importante destacar que las solicitudes deberán realizarse exclusivamente de forma electrónica, en sintonía con las tendencias actuales hacia la digitalización de los procedimientos administrativos.

Este impulso a la educación y formación en el ámbito de la justicia se enmarca dentro de una serie de reformas que han sido implementadas en los últimos años en Euskadi y que buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia su sistema judicial, garantizando que el acceso a estas oportunidades sea lo más amplio y justo posible.