El 23 de julio de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la autorización a la Comunidad de Madrid para realizar ajustes en el acuerdo que permite otorgar garantías por un importe máximo de 45 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 41,5 millones de euros, para el programa ‘Mi Primera Vivienda’. Este ajuste fue solicitado por la Comunidad de Madrid en un contexto donde se busca facilitar el acceso a la vivienda para sectores específicos de la población.

La decisión de autorización se inscribe dentro del marco establecido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), garantizando la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.

En una sesión anterior, el 9 de abril de 2024, el Consejo ya había dado luz verde a la Comunidad para implementar este programa, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda en un contexto económico complejo.

La Comunidad de Madrid ha solicitado la modificación de estas garantías debido a nuevas disposiciones publicadas en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) el 4 de julio de 2024. La nueva normativa introducida por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a través de la Orden de 25 de junio de ese año, amplía significativamente los requisitos de elegibilidad para el programa.

Un aspecto destacado de estas modificaciones es la ampliación de los beneficiarios, que ahora incluye a personas menores de 40 años, así como a familias numerosas y monoparentales, y a cualquier persona que haya tenido un hijo mediante nacimiento o adopción, sin límite de edad en estos últimos casos.

Esto representa una medida significativa para apoyar a las familias y a los jóvenes, en un momento en que la crisis de la vivienda se ha acentuado.

Además, las nuevas condiciones permiten una financiación que oscila entre el 80% y el 100% del valor del inmueble.

Este valor se define como el menor entre el precio de compraventa y el valor de tasación, lo que proporciona una mayor flexibilidad a los solicitantes del programa.

Las modificaciones responden a las necesidades actuales del mercado de la vivienda y su implementación podría tener un efecto positivo en la reducción de la carga financiera que enfrentan muchas personas y familias.

La crisis de la vivienda ha sido un tema recurrente en España, especialmente en regiones como Madrid, donde el aumento de precios ha superado el crecimiento de los ingresos.

Históricamente, el acceso a la vivienda ha sido un desafío en la capital española.

Desde la crisis financiera de 2008, este problema se ha intensificado, llevando a una mayor intervención por parte de las autoridades para implementar políticas que fomenten la inclusión y el acceso a una vivienda digna.

Estos cambios legislativos son un paso importante por parte del Gobierno, alineándose con las tendencias actuales que buscan asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a una vivienda a un coste razonable.

Con la aprobación de estas modificaciones, se espera que la Comunidad de Madrid continúe trabajando para mejorar la situación de la vivienda en la región, atendiendo las necesidades de su población más vulnerable.