El Consejo de Ministros autoriza la modificación de los límites de gasto para compensar a varias empresas de transporte marítimo por la prestación de servicio de navegaciones de interés público.

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo que permite la modificación de los límites de gasto establecidos en la Ley General Presupuestaria.

Esta modificación tiene como objetivo compensar económicamente a diversas empresas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, solicitó la autorización para realizar esta modificación, que permitirá la tramitación de diversos contratos para la prestación del servicio mencionado.

Estos contratos se basan en el artículo 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2011, que regula la posibilidad de realizar navegaciones sujetas a contrato administrativo especial.

Además, el Real Decreto 1516/2007 establece la regulación de estos contratos de navegación de interés público.

Entre los contratos que se van a prorrogar se encuentra el contrato entre la Península y Canarias, que finaliza en junio de 2024. La prórroga de este contrato, que tendrá una duración de dos años, supondrá un gasto anual de 2.116.000 euros en 2025 y 1.234.333,33 euros en 2026.

Otro contrato a prorrogar es el de los dos lotes del expediente entre la Península y Melilla, cuya vigencia finaliza en marzo de 2024. La prórroga de estos contratos, que tendrán una duración de dos años, supondrá un gasto anual de 19.664.000 euros en 2025 y 6.555.000 euros en 2026.

Por último, se prorrogará el contrato entre Algeciras y Ceuta, que finaliza en junio de 2024. La prórroga de este contrato, que durará un año, implicará un gasto de 739.942,27 euros en 2025.

En total, las necesidades de gasto para estas compensaciones ascienden a 22.519.942,27 euros en 2025 y 7.789.333,33 euros en 2026.

De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado la elevación de los compromisos máximos de gasto con cargo a la anualidad 2025.