En una reciente reunión del Consejo de Ministros, se ha aprobado la modificación de los límites de gasto para la tramitación de contratos de arrendamiento de la nueva sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Esta modificación incluye el arrendamiento de las plantas quinta y sexta y de 56 plazas de aparcamiento en el edificio sur del Parque Empresarial Río 55, propiedad de SEGIPSA S.A, por un plazo de 3 meses, hasta el 31 de mayo de 2024. La necesidad de ubicar al personal de la Secretaría General de Administración Digital y de la Secretaría de Estado de Función Pública en esta nueva sede ha impulsado la tramitación del contrato completo del edificio, que comenzará el 1 de junio de 2024 y tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórrogas anuales por un máximo de tres años más.

Además, se han autorizado una serie de expedientes de gasto para el arrendamiento de edificios y garajes destinados a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones.

Esta decisión refleja el compromiso del Gobierno por modernizar y optimizar la infraestructura pública para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos.

La modificación de presupuesto aprobada supone una inversión de 12 millones de euros para la tramitación de los contratos de arrendamiento y la adecuación de la nueva sede ministerial.

Esta inversión se financiará a través de fondos públicos destinados a la modernización de las infraestructuras administrativas.

Se estima que esta medida contribuirá a mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y a potenciar la transformación digital en el ámbito administrativo.

En el contexto económico actual, es fundamental impulsar la modernización y digitalización de las estructuras administrativas para garantizar una prestación de servicios eficiente y ágil.

La inversión en la adecuación de la nueva sede ministerial representa un paso clave en este proceso de transformación, que busca mejorar la calidad de los servicios públicos y adaptarlos a las necesidades y exigencias de la sociedad actual.

La aprobación de esta modificación de gastos refleja el compromiso del Gobierno por seguir avanzando en la modernización de la administración pública y en la mejora de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

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