El 27 de septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda anunció que los gravámenes impuestos a las entidades bancarias y a las empresas energéticas suman un total de 2.859 millones de euros en el presente año.

Esta cifra está en línea con las expectativas gubernamentales y refleja un compromiso continuado con una política fiscal más justa.

Desglosando estos ingresos, se revela que las entidades de crédito han aportado 1.695 millones de euros, mientras que las empresas del sector energético han contribuido con 1.164 millones.

Estas medidas se implementaron con el objetivo de exigir una mayor responsabilidad fiscal a aquellos sectores que experimentan significativos beneficios.

La implementación de estos gravámenes incluye pagos anuales, siendo el primer pago anticipado en febrero y el segundo en septiembre.

Este enfoque es coherente con las recomendaciones de instituciones internacionales que abogan por una fiscalidad más equitativa, donde quienes más tienen, más aporten a la sociedad.

Así, se busca equilibrar la carga impositiva y garantizar que las arcas públicas puedan seguir financiando servicios esenciales.

Cabe destacar que estos gravámenes fueron aprobados a finales de 2022 como parte de una reforma fiscal más amplia.

Esta reforma incluye un tipo impositivo mínimo del 15% para las grandes multinacionales y el Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas.

En este contexto, el Gobierno ha subrayado la necesidad de que las grandes compañías, especialmente aquellas que operan en sectores con altos márgenes de ganancia, contribuyan más al bienestar social.

En los últimos años, tanto el sector bancario como el energético han reportado beneficios récord, lo que hace que el aumento en la contribución fiscal sea particularmente pertinente.

Esto no solo permite mejorar la calidad de los servicios públicos, sino que también busca reducir la carga tributaria sobre las clases medias y bajas.

La que se ha denominado como la mayor rebaja de la historia en impuestos energéticos ha reportado un alivio de aproximadamente 25.000 millones de euros a las familias.

Adicionalmente, el ajuste en el IRPF ha generado un ahorro de 5.000 millones para aquellos con ingresos de hasta 21.000 euros.

El funcionamiento de estos gravámenes, que actúan como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, se basa en el principio del 'reparto del esfuerzo'. Para las empresas energéticas, se aplican a los principales operadores que generan al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades relacionadas con la extracción y exportación de recursos.

Por su parte, las entidades de crédito se ven afectadas si sus ingresos superan los 800 millones de euros, con un modelo impositivo que aplica un porcentaje específico sobre su margen de intereses y comisiones.

Estos esfuerzos del Gobierno son parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía española, asegurando que los que más ganan también contribuyan a la mejora del bienestar social.

En un contexto donde la desigualdad económica sigue siendo un desafío, estas medidas fiscales se muestran como una herramienta clave para promover una mayor equidad en la distribución de la riqueza.