El Ministerio de Hacienda ha anunciado una medida significativa para apoyar a los contribuyentes de la provincia de Valencia afectados por los estragos de la DANA, un fenómeno meteorológico que provocó severos daños en la región el pasado 29 de octubre.

En un contexto de crisis, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el aplazamiento del segundo pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a la Renta 2023.

Esta decisión impactará a aproximadamente 200,000 contribuyentes que han optado por realizar su declaración fiscal en dos pagos.

Originalmente, el segundo plazo de pago estaba programado para ser abonado el 5 de noviembre de 2024. Como parte de la medida, la Agencia Tributaria ha instruido a las entidades bancarias para que no realicen el cobro sistemático de estas cantidades, garantizando así que los ciudadanos no enfrenten un cargo que, en estas circunstancias, sería inapropiado.

En caso de que algún banco ya haya procedido con el cobro, las devoluciones se realizarán de manera inmediata y sin complicaciones.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la principal impulsora de esta reforma diseñada para alivianar la carga económica enfrentada por los valencianos, quienes han sufrido un evento natural crudo.

La DANA reciente es solo una de las numerosas catástrofes en la región, donde episodios de inundaciones han sido recurrentes en la historia, e incluso en el siglo pasado las lluvias intensas causaron devastación, lo que ha llevado a la implementación de diferentes planes de prevención y respuesta.

La acción de Hacienda se suma a otras medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno con el objetivo de mitigar el impacto de la DANA. Se espera que esta nueva regulación se incluya en una norma que clarificará la prohibición de efectuar cobros a los contribuyentes que tienen la obligación tributaria.

Además, para asegurar el acceso a la información y asistencia que requieran los profesionales tributarios afectados, la Delegación Especial de la AEAT en la Comunitat Valenciana establecerá una línea de atención específica y un medio de contacto directo que facilitará la comunicación con la Agencia.

Este tipo de políticas no solo refleja la actividad del gobierno ante crisis naturales, sino que también pone de manifiesto la voluntad de incrementar el apoyo en momentos de necesidad.

Es esta agilidad y flexibilidad la que puede ayudar a muchas familias a recuperar su estabilidad financiera tras la calamidad.

Durante el siglo XXI, las intervenciones institucionales ante desastres naturales han cobrado un auge significativo, reflejando un mayor compromiso del Estado por proteger a los ciudadanos de situaciones adversas, mediante planes que contemplen desde la gestión de emergencias hasta ayudas económicas directas.

La suspensión del pago del IRPF es un paso más en esta línea de trabajo que busca la protección y la recuperación de los afectados.