El 5 de noviembre de 2024, el Consejo de Ministros español aprobó una significativa transferencia de crédito por un total de 9.940.610,71 euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cantidad se destinará a la financiación de las bonificaciones que benefician las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los tripulantes de buques que operan bajo el régimen fiscal de Canarias.

La legislación que respalda estas bonificaciones se encuentra en la Ley 19/1994, que establece una reducción del 50% en las cuotas a la Seguridad Social para aquellos tripulantes que están inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.

Este tipo de nave incluye a aquellas que realizan servicios regulares entre las diferentes islas del archipiélago canario y también hacia el resto del territorio nacional, mientras no sean elegibles para registrarse en dicha entidad especializada.

Es importante recordar que, en el marco de la Ley 42/1994, la bonificación sobre las cuotas aumentó del 50% al 70%, y posteriormente, la Ley 13/1996 elevó este beneficio hasta un 90%. Estos movimientos legislativos tienen como objetivo mejorar la sostenibilidad del sector naval en Canarias, un área clave para la economía local y el desarrollo de las islas.

Sin embargo, a pesar de la dotación de 60 millones de euros en el presupuesto del Ministerio para el presente ejercicio, se estima que las obligaciones totales que deben cumplirse este año ascenderán a 74.233.277,85 euros.

Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de realizar un expediente de transferencia de crédito para poder cubrir estas exigencias financieras y asegurar que los tripulantes reciban las bonificaciones correspondientes.

Las ayudas a la seguridad social para los tripulantes no solo son un alivio económico inmediato, sino que también representan una política de apoyo a los empleos en el sector marítimo, uno de los motores de la economía canaria.

En un contexto de desafíos económicos globales, estas medidas pueden marcar una diferencia sustancial en la vida de los trabajadores del sector.

Con más de 20 años de historia desde su implementación inicial, el sistema de bonificaciones ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes de la economía.

Sin embargo, es fundamental que tanto las administraciones locales como los operadores económicos se comprometan a mantener y modernizar estos beneficios para asegurar la competitividad de Canarias en el ámbito marítimo y facilitar el crecimiento sostenido del sector.

La reciente aprobación de esta transferencia de crédito es un primer paso en esa dirección.