El 11 de noviembre de 2024, el Consejo de Ministros de España ha decidido aprobar un acuerdo que modifica los límites de gasto establecidos en la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Esta medida tiene como objetivo permitir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hacer frente a necesidades adicionales de financiación derivadas de la atención humanitaria y la protección internacional.

La Secretaría de Estado de Migraciones, que es la responsable de gestionar esta carencia de recursos, ha indicado que la situación actual del contexto migratorio exige una respuesta inmediata y adecuada.

Esto incluye no solo el cuidado de personas migrantes, sino también la atención a los compromisos adquiridos en la Declaración de Emergencia promulgada el 14 de octubre de 2023, que ha sido extendida en varias ocasiones debido a la complejidad de la situación.

Uno de los puntos clave de esta modificación presupuestaria es garantizar la disponibilidad de un número suficiente de plazas para refugios durante los primeros nueve meses del año.

Esto es crucial para evitar que muchas personas terminen en la calle, lo que multiplicaría los problemas sociales y humanitarios en el país.

Además de los gastos relacionados con la acogida y el refugio, el acuerdo también contempla atender las necesidades ordinarias de gestión económica y contractual de la Dirección General de Migraciones.

La modificación permite así cubrir gastos imprevistos y mantener la operativa diaria de este organismo.

En términos numéricos, se han aprobado compromisos adquiridos que alcanzan un total de 659.903.324,16 euros para 2025 y 522.983.665,95 euros para 2026. Estos compromisos son fundamentales para continuar con las iniciativas de atención humanitaria y protección de migrantes.

Los compromisos por adquirir van en paralelo, sumando 319.207.945,84 euros para 2025 y apenas 1.965.947,16 euros para 2026, lo que refleja un plan robusto y amplio en pro de los derechos y las necesidades de las personas migrantes.

Así, el total de compromisos asciende a 979.111.270,00 euros para el año 2025 y 524.949.613,11 euros para el año 2026.

Históricamente, España ha tenido que enfrentar momentos críticos en materia de inmigración, y el gobierno ha intentado, a través de diversas medidas y reformas, adaptarse a la situación cambiante.

Desde 2015, con la crisis de refugiados, hasta la actualidad, se ha buscado establecer marcos legales y de financiación que permitan responder adecuadamente a las emergencias humanitarias.

La evolución de estos programas de atención humanitaria es esencial no solo para la población migrante, sino para la sociedad en su conjunto, pues fomenta una convivencia más inclusiva y solidaria en el país.

Con la aprobación de estos cambios en el presupuesto, el gobierno español reafirma su compromiso con la protección internacional y la bienestar de los más vulnerables.