El 19 de noviembre de 2024, el Consejo de Ministros de España ha tomado la decisión de autorizar una transferencia de crédito por valor de 667.325.838,59 euros, que se destinará al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta medida tiene como objetivo principal financiar los complementos de pensiones mínimas dentro del sistema de Seguridad Social.

La existencia de complementos de pensiones mínimas se encuentra respaldada por la normativa vigente, específicamente en los artículos 59 y 109 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que adopta el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Este marco legal establece que los complementos por mínimos son prestaciones no contributivas que buscan garantizar una calidad de vida digna a los ciudadanos que cuentan con pensiones bajas.

De acuerdo al artículo 109.2, la acción protectora de la Seguridad Social se financiará mediante contribuciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.

Sin embargo, esto se realiza sin afectar a las prestaciones de salud y servicios sociales que son administradas por las comunidades autónomas, las cuales tienen sus propios sistemas de financiación.

La responsabilidad de gestionar y reconocer los complementos mencionados recae en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en el Instituto Social de la Marina, asegurando así que los beneficiarios reciban el apoyo económico necesario.

Esta transferencia de crédito se ha solicitado para cumplir con los requerimientos de gasto estipulados para el próximo ejercicio.

Este tipo de medidas de apoyo a las pensiones mínimas son cruciales en un contexto donde la desigualdad económica y el envejecimiento de la población son temas preponderantes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 2,5 millones de pensionistas en España reciben pensiones por debajo del umbral mínimo, lo que evidencia la necesidad de políticas públicas que ayuden a este colectivo.

La medida adoptada se lleva a cabo en el marco de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que fue prorrogada para el año 2024. El Gobierno ha subrayado la importancia de garantizar la protección social y el bienestar de los ciudadanos más vulnerables, lo que incluye a los jubilados que dependen de pensiones escasas para subsistir.

Además, es relevante destacar que este esfuerzo no es aislado.

Históricamente, España ha realizado diferentes reformas en el sistema de pensiones con el fin de adaptarse a las cambiantes circunstancias demográficas y económicas.

Sin embargo, el tema de los complementos por mínimos sigue siendo un punto crítico en la agenda social, ya que afecta directamente la calidad de vida de un gran número de personas.

En conclusión, la reciente autorización del Consejo de Ministros para transferir más de 667 millones de euros es un paso significativo en la lucha por la equidad y la justicia social, contribuyendo a asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una pensión digna que les garantice un nivel básico de bienestar y seguridad económica.