El pasado 13 de noviembre de 2024, la Comisión Mixta del Concierto Económico, que reúne a representantes de la Administración General del Estado (AGE) y del Gobierno del País Vasco, llevó a cabo una importante reunión en la que se ratificaron diversas decisiones clave relacionadas con la financiación del territorio vasco.

En esta sesión se aprobó la liquidación definitiva del cupo correspondiente a los años 2022 y 2023, además del cupo provisional para el año 2024. Según los datos presentados, el cupo líquido y las compensaciones financieras definitivas para 2022 alcanzan un total de 1.711,99 millones de euros, mientras que el cupo definitivo para 2023 se establece en 1.618,55 millones de euros.

En términos del cupo provisional para 2024, este asciende a 1.504,54 millones de euros, lo que reafirma el compromiso financiero entre las instituciones.

Esta reunión también fue el marco para introducir cambios en el Concierto Económico, específicamente para incrementar la capacidad normativa de las Haciendas Forales en la gestión de 14 impuestos que ya estaban concertados.

Esta decisión busca avanzar en la autonomía y en la cogobernanza del País Vasco, permitiendo que las instituciones autonómicas tengan más poder en la gestión de sus recursos tributarios.

Además de lo anterior, otro de los temas tratados en la Comisión fue el fortalecimiento de los recursos de la Junta Arbitral, con el objetivo de mejorar su capacidad para llevar a cabo las funciones que le son atribuidas.

Este aspecto es crucial para asegurar una resolución más eficiente de los conflictos que puedan surgir en el ámbito fiscal entre el Gobierno central y el País Vasco.

Por último, un acuerdo significativo logrado durante esta sesión fue el de garantizar la representación de las Haciendas Forales en el ámbito internacional, especialmente en el contexto de la Unión Europea.

Esto incluye la consideración de los regímenes de ventanilla única, lo que facilitará una mayor visibilidad y acceso a los recursos europeos.

Asimismo, la Comisión Mixta acordó que el País Vasco participe activamente en los compromisos de financiación que asuma la Administración del Estado, especialmente en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, así como en las dotaciones para ayudas económicas a víctimas de violencia sexual.

Estas decisiones reflejan un esfuerzo por parte de ambos gobiernos para colaborar en la mejora del bienestar social y económico de la población.

Con la ratificación de estos acuerdos, el Gobierno y el Ejecutivo del País Vasco avanzado en un marco de colaboración que busca fortalecer el autogobierno de la comunidad, garantizando al mismo tiempo el adecuado funcionamiento de los recursos financieros destinados a atender las necesidades propias de la ciudadanía.